SUBVENCIONES Y LIBERTAD DE COPIA, por Víctor Gago

(Libertad Digital - Víctor Gago) Del último Barómetro del CIS sobre los derechos de autor y la piratería, destacan ciertas contradicciones de la población ante el intervencionismo en la industria cultural, por otra parte lógicas, si se tiene en cuenta que, por un lado, la gente deja claro en sus respuestas que quiere usar la tecnología para acceder a la cultura y el entretenimiento sin trabas, prohibiciones o tasas y, por otro, está sometida a un intenso bombardeo propagandístico del Gobierno y los lobbies de autores, que la culpabilizan constantemente por esa aspiración.

 

Veamos algunas de esas contradicciones.

 

La mayoría cree “necesaria una ley que proteja a autores y obras”. Siendo el valor 1 “muy en desacuerdo” y el valor 10 “muy de acuerdo”, el CIS indica que la media de la población se sitúa en el 7,43, es decir, bastante de acuerdo con el proteccionismo legal, pero, ojo, con una desviación bastante alta (2,42) de esa media, lo que apunta que la gente no acaba de tenerlas todas consigo y que podría tratarse, más bien, de una respuesta motivada por un sentimiento de lo políticamente correcto fuertemente inducido por la propaganda a favor de los intereses de la SGAE y demás lobbies.

 

Esta impresión de que la gente acata la propaganda proteccionista, pero lo hace sin convicción y sin información objetiva, se acentúa cuando el enunciado a puntuar es: “La copia no autorizada obstaculiza el desarrollo cultural”. De nuevo, siendo 1 “muy en desacuerdo” y 10 “muy de acuerdo”, la población se sitúa en 6,25, es decir, moderadamente de acuerdo, pero ahora, con una desviación aún mayor de la media, un 2,94.

 

En cambio, cuando el enunciado es “Hay demasiado intermediario entre obras y público, que encarecen la cultura”, la gente lo tiene claro y se sitúa en el 8,90, es decir, muy cerca del valor 10 que representa “muy de acuerdo”, y con una desviación de sólo 1,67.

 

Y cuando la hipótesis es: “Los productos culturales deberían ser más baratos”, el grado de asentimiento se eleva a 9, con una desviación de 1,52.

 

Hay otro enunciado, en la misma pregunta de la encuesta, que no sé muy bien cómo interpretar, por su ambigüedad. Somete el CIS a valoración la siguiente hipótesis: “La cultura es un bien libre, que todos debemos proteger”, y el grado de acuerdo se ubica en 8,95, con una desviación de la media de 1,59. Claro que, esa hipótesis puede significar cualquier cosa.

 

La gente parece estar dispuesta a asentir principios y valores de la propaganda penalizadora (“protección de la cultura”, “libertad creativa”, “piratería y mafias”,...) por muy confusos o tramposos que resulten en su formulación, siempre que respondan al patrón de lo políticamente correcto preestablecido por el Gobierno y los lobbies que influyen en su política.

 

Pero, ante lo que no manifiesta ninguna duda, es en su certeza de que los productos protegidos son demasiado caros y que lo que los encarece es, precisamente, el ineficiente sistema de intereses beneficiario de la protección: asociaciones de derechos de autor, estructuras de distribución física convencional, productoras,... todo lo que los encuestados incluyen en el concepto de “intermediarios”.

 

Los españoles tienen claro que hay una alternativa más barata para consumir cultura y entretenimiento, y saben distinguirla de la piratería. Esa alternativa es Internet, son las redes P2P, las descargas directamente de las plataformas distribuidoras como Itunes y la difusión sin trabas de la copia privada.

 

Un 63,1% aprueba “adquirir libros, música y vídeo por Internet a precios más baratos que en las tiendas”. Un 69,2 ve bien “compartir copias para uso privado”. Un 51% es partidario de las “descargas e intercambios” P2P. Y un 70,8% aprueba la opción de hacer copias de seguridad de software, DVD, videojuegos y CD, libremente.

 

Los españoles, según el CIS, tienen claro que ninguna de esas prácticas constituye actos de piratería. Y cuando se les pregunta por su aprobación de la venta de copias por “vendedores no autorizados” (el top manta, para entendernos), hay una mayoría que desaprueba esa práctica (55,1), lo que indica que la gente sabe distinguir lo que daña a los autores de lo que daña a sus camarillas.

 

La contradicción, sólo aparente, entre defender la libertad y respaldar el proteccionismo se explica en que la primera se traduce en ventajas concretas y cotidianas (bajarse una canción, copiar un software para uso privado, poder ver una película sin tener que comprar el DVD original,...), mientras que el segundo descansa en el chantaje emocional masivo.

 

La gente tiene claro que quiere acceder a la creatividad, por eso practica la copia privada y desea su extensión sin trabas, pero tampoco quiere sentirse responsable de la desaparición del gremio de la “cultura nacional”, que es lo que el Gobierno y los lobbies de autores aseguran que sucederá si no se imponen nuevas tasas, se activan nuevas restricciones y prohibiciones y se habilitan nuevas facultades extraordinarias para intervenir en la Red.

 

De ahí, probablemente, ese 70,9% de los españoles que se declara a favor de las subvenciones a la cultura, frente a sólo un 9,8% partidario de que su industria funcione en un régimen de libre competencia. A nadie le gusta sentirse culpable cada vez que se baja una canción de Internet. Si hay que pagar, que pague el Gobierno, parece pensar buena parte de ese 70,9%.

 

Una contradicción más, que tampoco es tal. El 74,3% considera “poco” o “nada eficaz” la campaña Contra la piratería, defiende tu cultura, del Ministerio del ramo. Un 55,4% declara que ni siquiera la conoce. Y cuando se le pregunta a los españoles qué es más eficaz contra la piratería, sólo un 9,6% apuesta por las campañas de concienciación, frente a un 42,2% que propone abaratar los precios de los productos culturales.

 

¿Cómo es posible que, por un lado, la propaganda oficialista influya tan nítidamente en las respuestas sobre valores, como hemos visto, y por otro, la gente rechace esa propaganda o declare ignorarla?

 

Aquí, en mi opinión, hay una actitud emocional de fondo, perfectamente coherente, que se explicaría como el deseo de no seguir siendo culpabilizado de la ineficiencia o la mediocridad de la industria cultural.

 

Sólo ese sentimiento es capaz de explicar que la gente apruebe las subvenciones al gremio de la cultura y, al mismo tiempo, se muestre refractaria a las campañas del Gobierno. Que los mantengan (da igual si es con mi dinero, vía impuestos), pero que me dejen en paz.

 

La actitud revela que las campañas contra la piratería son un arma de doble filo para los lobbies de autores: culpabilizan al consumidor, pero también pueden llegar a reforzar su determinación de no consumir de la forma que Gobierno y autores quieren que lo haga.

 

La opinión que resulta de este Barómetro no habrá tranquilizado a los ideólogos de la cruzada contra la libertad en el mercado de la creatividad y el entretenimiento. Sólo así se explica que no se incluya una pregunta fundamental en una encuesta de coyuntura que se reputa exhaustiva, como ésta: “¿Aprueba Usted el llamado canon digital?” Se ve que los responsables de CIS no quisieron darle un disgusto a la ministra Carmen Calvo.