Sr. Presidente
Señorías
La financiación de los partidos políticos ha estado siempre en el ojo del huracán. La opinión pública tiene la percepción de que detrás de ella se encuentra la madre de todas las corrupciones.
Hoy podría haber sido un gran día para la democracia española. Por fin, la Cámara tiene la oportunidad de pronunciarse sobre una nueva ley de financiación que debería estar basada en los principios de transparencia y de control. Por desgracia, no es así. Esta ley vuelve a romper la regla de oro del consenso entre los dos grandes partidos nacionales a la hora de desarrollar las normas básicas de nuestro sistema democrático. Y la rompe porque el Grupo Popular no está dispuesto a aceptar un texto escandaloso que confiere a la actividad económica y financiera de los partidos una mayor opacidad y reduce las facultades de fiscalización y control por parte del Tribunal de Cuentas.
Nuestro Grupo sólo puede congratularse de que por fin se supriman las donaciones anónimas. Pero este aspecto de la ley queda oscurecido ante preceptos como los que a continuación paso a exponer.
Primer escándalo. Los partidos tienen organizaciones a escala nacional, autonómica, provincial y local. En consecuencia deberían estar obligados a presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales consolidadas de todos los ámbitos de su actuación. No va a ser así. De esta obligación se excluye a las organizaciones locales. O sea, con la nueva Ley la actividad económica de una organización local como la del Partido Socialista de la capital de Ibiza o de Ciempozuelos, por citar alguna de las localidades de moda, quedará inmune al control del Tribunal de Cuentas. ¿Es esto una manera de luchar contra la corrupción?
Segundo escándalo. La ley vigente prohíbe que los partidos puedan aceptar o recibir donaciones de empresas privadas que sean contratistas de obras y servicios de las Administraciones Públicas y similares. Y eso está muy bien. Pero ¿cuál es la razón por la que la mayoría gubernamental se ha opuesto a prohibir que los constructores y promotores de viviendas puedan hacer donaciones a los partidos políticos? ¿Acaso no es cierto que los protagonistas de los grandes escándalos de corrupción son en muchos casos constructores y promotores de viviendas que buscan fraudulentamente la aprobación de planes de urbanismo, recalificaciones y licencias municipales? ¿Cómo no escarmienta la bancada socialista de esta Cámara y se niega a introducir esta prohibición a la vista del escándalo de Ibiza, a pesar de estar transitoriamente amparado por el manto protector del Fiscal General del Estado hasta después de las elecciones, como si la ley y los juzgados pudieran quedar en situación durmiente a voluntad de la fiscalía? Ya sabemos que la corrupción es como la hiedra de las mil cabezas. Pero al menos hagamos que la ley, al prohibir las donaciones de promotores y constructores, transmita a la sociedad entera que si un alcalde o concejal de urbanismo, sin ponerse colorado, pide una aportación “para el partido” como contraprestación a un favor político sólo busca su enriquecimiento personal mediante la utilización abusiva de su cargo.
Tercer escándalo. En todos los textos elaborados en las legislaturas anteriores, que no llegaron a aprobarse, se establecía que las donaciones otorgadas a las fundaciones creadas por los partidos políticos quedarían sometidas a los mismos límites establecidos para las aportaciones privadas, sin exclusión alguna. Pues bien, de acuerdo con la nueva ley las empresas contratistas de las Administraciones Públicas no podrán hacer donaciones a los partidos pero sí a las fundaciones creadas por los propios partidos. No cabe mayor hipocresía.
Cuarto escándalo. La mayoría que sustenta al Gobierno se niega a prohibir la condonación de créditos a los partidos por parte de las entidades financieras. En consecuencia, asuntos tan escabrosos y rayanos en la corrupción como el llamado “montillazo” –con una condonación de más de seis millones de euros- y otros similares descubiertos por el Tribunal de Cuentas van a recibir un espaldarazo legal. Para defender tal despropósito se alegó en Comisión la insólita doctrina jurídica de que los partidos son instituciones “que se rigen por el derecho privado”, razón por la que pueden alcanzar los pactos que estimen procedentes con las entidades bancarias. Pero este argumento no se sostiene. Los partidos son asociaciones regidas nada menos que por dos Leyes Orgánicas singulares. Y ello es así por su especial relevancia constitucional. Para evitar operaciones sospechosas de corrupción y, en todo caso, contrarias al principio de igualdad y a la libre concurrencia entre los partidos, la ley debe prohibir las condonaciones por no ser otra cosa que donaciones gigantescas. Una persona física o jurídica podrá donar como máximo 100.000 euros anuales. En cambio, un Banco puede beneficiar a un partido con una donación –condonación- de millones de euros y aquí no pasa nada.
Quinto escándalo. La mayoría gubernamental se niega a introducir un precepto que prohíba a los partidos tener acciones y participaciones en empresas privadas ajenas a su actividad política. Que un partido sea accionista de un Banco, de una constructora o de cualquier otra empresa lucrativa es, cuando menos, extraño.
Sexto escándalo. La subida del 20 por ciento de las asignaciones para el funcionamiento de los partidos para el año 2008 carece de justificación objetiva y, por tanto, es manifiestamente arbitraria.
Séptimo escándalo. El texto aprobado en Comisión contiene un precepto que impone al Tribunal y a sus funcionarios el más estricto y completo sigilo respecto de datos, informes o antecedentes que afecten a la intimidad de las personas. Pues bien, a renglón seguido se establece que los partidos podrán cumplir con la obligación de aportar los datos requeridos para la fiscalización poniendo a disposición del Tribunal la información que precise en la sede o dependencia que los mismos designen. Bastaría con que un partido argumentara desconfianza sobre las garantías de confidencialidad para que la actualización fiscalizadora pudiera quedar afectada por la decisión unilateral del partido y que el Tribunal se vería obligado a aceptar.
Octavo escándalo. Para más inri, la imposición de sanciones a los partidos infractores de la ley de financiación no es imperativa para el Tribunal de Cuentas sino potestativa. He ahí otra válvula de escape para eludir las consecuencias de la fiscalización.
Noveno escándalo. La nueva ley introduce una sustancial mutilación del texto acordado en 2003 para evitar que los partidos ilegales por formar parte del entramado etarra puedan obtener fondos públicos. No tenemos la menor duda de que no ser por el proceso de claudicación impulsado por el Gobierno, el vigente precepto no se hubiera modificado ni un ápice.
Décimo escándalo. Además del incremento previsto del veinte por ciento, la ley asegura a los partidos la revisión de las asignaciones conforme al IPC, sin tener en cuenta la situación económica del país en cada ejercicio.
Hasta aquí el decálogo de los escándalos amparados por esta nueva ley de financiación de partidos políticos. Estos diez escándalos normativos se resumen en uno solo: la voluntad de cuantos se han sumado a este espurio consenso para asegurar su interés particular y tapar vergüenzas inconfesables en contra del interés general. Estoy seguro de que el ponente socialista, de cuya integridad no tengo la menor duda, habrá sentido sonrojo al tener que aceptar algunas de las exigencias de sus socios parlamentarios para dar vía libre a una ley atascada desde hace más de una década.
Por eso, Señorías, si no quieren ser responsables de este despropósito legislativo, súmense al consenso que ofrece nuestro Grupo en torno al decálogo que acabo de exponer. No podemos aceptar que la historia se repita. Entre el escándalo de Filesa y el escándalo Ibiza han transcurrido veinte años. El ex presidente Felipe González acaba de recordar que la corrupción de su tiempo era calderilla comparada con la de ahora. Pues estamos aviados.
Esta ley y la que pretende reabrir la de devolución del patrimonio incautado a los partidos en 1939 revelan una clamorosa falta de respeto a los valores democráticos. Ni los Grupos Parlamentarios ni los diputados podemos actuar como si representar a la soberanía popular nos diera patente de corso para entrar a saco en el erario público. Debemos recordar en todo momento y ocasión que no somos más que meros administradores del esfuerzo fiscal de los ciudadanos. Y además hemos de poner todo nuestro empeño en luchar contra la corrupción. Un partido financiado ilegalmente es un jugador de ventaja que atenta contra la igualdad de oportunidades de los partidos y por tanto contra el principio de representación basado en el sufragio libre e igual.
Señorías. Esta ley es una gran oportunidad perdida. Quede constancia de que el día en que los ciudadanos –y está muy cercano- vuelvan a darnos su confianza, habrá una nueva ley que no hará trampas a las exigencias de transparencia y de control que la sociedad española exige a los partidos políticos.