L D (EFE) El viceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes, ha comunicado a los periodistas que, en estos momentos, funcionarios de la Presidencia de la República, del ministerio del Interior, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Registraduría Nacional, trabajan intensamente para verificar la situación legal de los terroristas.
Además de constatar las identidades, se busca establecer con claridad que los trasladados sean, efectivamente, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se estima que el proceso de verificación de las identidades y su historial judicial, podría terminar el próximo lunes, aunque no hay un tiempo límite para realizar estas delicadas tareas. Los traslados hacia la cárcel de Chiquinquirá comenzaron este sábado, cuando llegaron 110.
Estos presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron seleccionados dentro de un grupo de 1.200 terroristas que aceptaron la oferta del gobierno del presidente Álvaro Uribe, de someterse a una excarcelación condicionada. Uribe dijo que con las excarcelaciones busca que los terroristas dejen en libertad a un grupo de personas, entre los que se encuentran la colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres norteamericanos, políticos, policías y militares a los que las FARC llaman canjeables.