L D (EFE) El objetivo es que la reforma, que contempla un endurecimiento de las penas por sobrepasar los límites permitidos de alcohol y velocidad y fija nuevos límites, esté aprobada en este periodo de sesiones y sea aplicada este mismo año.
En concreto, establece que sobrepasar los 200 kilómetros por hora en autopista, 180 en una carretera convencional y 110 en zona urbana podrá ser castigado con una pena de prisión de tres a seis meses, la misma pena que se aplicará a quien conduzca un vehículo con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Igualmente, se considerará un delito penal conducir un vehículo habiendo perdido todos los puntos del carné, supuesto que será castigado con tres a seis meses de cárcel y la privación del derecho a conducir por un tiempo de entre uno y seis años.
Además, será castigado con penas de prisión de seis meses a dos años el conductor que "con temeridad manifiesta" ponga en peligro la vida o la integridad de las personas, y la pena será de dos a cinco años de cárcel si el conductor actúa de esa forma "con consciente desprecio por la vida de los demás".
La colocación de obstáculos en la vía o derramar sustancias deslizantes que puedan ocasionar riesgo para la circulación podrá ser sancionado con trabajos en beneficio de la comunidad que pueden oscilar entre los diez y los 40 días. La proposición de ley incluye una disposición adicional en la que se pide al Gobierno que impulse una revisión de la señalización vial para adecuar los limites de velocidad a las exigencias derivadas de una mayor seguridad en las carreteras.
El presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Jordi Jané, de CiU, aseguró que no es una reforma improvisada, sino "necesaria y útil" para prevenir los accidentes de tráfico y facilitar el proceso judicial posterior a un accidente. Según Jané, en estos momentos el Código Penal resuelve mal los delitos de tráfico, y ahora -dijo-, "no se trata de tener más mano dura, sino de concretar cuándo hay delito y cuándo no, evitando sentencias que indignan a los ciudadanos".
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, coincidió en que la reforma era "absolutamente necesaria" y servirá para mandar un mensaje muy claro a los conductores, como es que "hay que conducir con precaución, hay que cumplir las normas de seguridad establecidas y nunca se debe conducir bajo los efectos del alcohol".
"Esta lacra debe acabarse", añadió López Garrido, quién no quiso entrar a valorar la negativa del PP a apoyar la reforma, aunque afirmó que quizá las declaraciones de José María Aznar, "relativizando las consecuencias de conducir y beber", hayan influido en la postura de su partido.
Hay que profundizar en los matices
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Federico Souvirón, explicó que su grupo se ha desmarcado de la proposición de ley que pretende endurecer las penas relacionadas con delitos de tráfico porque "una reforma del Código Penal requiere profundizar más en el debate".
No obstante, Souvirón aseguró que el PP está a favor de la tramitación separada y con carácter de urgencia de la modificación de los capítulos relativos a seguridad vial del Código Penal, ya que considera que una reforma completa no podrá salir adelante antes de que finalice la legislatura. Federico Souvirón señaló, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, su grupo considera que el límite de alcohol en sangre permitido para un conductor debe estar en 1,5 gramos por litro y no en 1,2 gr/l, que es el índice que se ha incluido en la proposición de ley.
En cuanto a la velocidad, Souvirón, afirmó que no es lo mismo "circular a 40 kilómetros por hora por encima del limite establecido en las cercanías de un colegio, que por una gran avenida de una gran ciudad, de noche y entre semana", y que tampoco es lo mismo "conducir a 70 kilómetros por encima de lo permitido en una autovía de gran capacidad o en una de primera generación". Por esa razón, el diputado del PP, mostró su esperanza de que durante la tramitación de la propuesta se profundice "con más tranquilidad" en estos matices tan importantes "a la hora de abordar una reforma del Código Penal".