Algunos estiman que el reciente apagón en Estados Unidos costó 5 mil millones de dólares y eso no incluye los horrores de permanecer horas atrapados en un ascensor, tener que subir 30 pisos por escaleras o pasar la noche en las calles de Nueva York por la paralización del metro y los trenes. El notable comportamiento de la ciudadanía brilló en la oscuridad, pero es necesario encontrar soluciones prácticas y no politizar la calamidad, como de inmediato intentó Hillary Clinton.
Estas son las tragedias que suceden cuando la política reguladora impide que el mercado funcione. Si la venta de lápices y refrescos estuvieran altamente reguladas por las autoridades, podríamos estar seguros de contar con altos precios y frecuente escasez, lo cual no sucede porque felizmente los políticos y burócratas no piensan que el lápiz y los refrescos son tan importantes para el bienestar como la electricidad o la medicina. Si el lector no lo cree así, que recuerde o pregunte cuánto costaba ir al médico y comprar un antibiótico en los años 60, comparándolo con los precios actuales del sector salud, el más regulado e intervenido de la economía norteamericana.
Al mercado no se le permite funcionar cuando el gobierno considera que la ciudadanía es estúpida e incapaz de tomar la decisión de ir a la farmacia y comprar un medicamento sin necesariamente tener que pedir una cita a su médico, ser examinado y recetado. A su vez, el médico para impedir una demanda o cumplir con estipulaciones oficiales recetará el remedio más caro. Pero quizás esos mismos políticos piensan que una ciudadanía que los elige y aguanta callada la infame calidad de la educación pública sí merece la constante supervisión del Estado nodriza.
A raíz del reciente apagón, muchos exigieron que el gobierno haga algo, sin pensar que lo que se necesita es que el gobierno haga menos, permitiendo que el mercado funcione libremente. La mejor prueba de ello nos la ofreció la crisis energética de California, cuyo pésimo manejo político aportó al inmenso déficit del presupuesto estatal, al aumento de los impuestos, al desempleo, a la caída de la economía y, ahora, al referéndum revocatorio contra el gobernador Gray Davis.
Algunos insisten que el problema eléctrico en California sucedió por la desregulación. Se decidió desregular la generación y la transmisión, dejando regulado el precio a nivel del consumidor, lo cual originó el desastre al no poder las empresas distribuidoras cubrir sus costos.
Cuando las autoridades y no el mercado fijan los precios se produce mucho de lo que la gente no quiere y poco de lo que la gente necesita. Eso fue lo que derrumbó el Muro de Berlín, pero Castro, Chávez, Lula, Kirchner y otros “líderes” latinoamericanos siguen sufriendo de lo que Hayek llamó “la fatal arrogancia”.
Otro premio Nobel de economía, Vernon Smith, refiriéndose a la regulación eléctrica escribió el 20 de agosto: “Se ha desarrollado un sistema de precios tan mal estructurado al nivel crítico del consumidor que si se copiara en el resto de la economía seríamos tan pobres como el proverbial ratón de iglesia”.
La regulación del precio de la electricidad no permite que se reflejen los costos. Todos pagamos la tarifa que los reguladores negociaron con la compañía de electricidad. Eso, de entrada, cambia los objetivos del empresario eléctrico: más que satisfacer al consumidor, su misión es satisfacer al burócrata. Y esa conversión de empresarios del mercado en empresarios políticos tiene una dramática y pésima historia.
Para que el sistema de precios –el mercado– funcione tiene que existir una relación directa entre costos y precios de venta, lo cual en electricidad no se permite a nivel del consumidor. Sólo doy un ejemplo: las tarifas eléctricas no varían durante el día, a pesar que hay horas pico de consumo y horas de bajo consumo. Debido a ello, la empresa de distribución de electricidad tiene que comprar la cantidad máxima, sabiendo que no la venderá todo el tiempo. Pero si el consumidor supiera que a tal hora cuesta más el kilovatio, seguro que utilizaría su lavadora y secadora en otro momento y así todos se benefician.
El resultado de las regulaciones eléctricas es que cuando la demanda es mayor que la oferta se corta el servicio y sufrimos un apagón. Si se permitiera el funcionamiento del mercado, miles de opciones y de interruptores en las casas habrían aparecido, cortando el uso de electrodomésticos en las horas pico. Pero gracias a la intervención gubernamental, el mercado eléctrico sigue operando en base a las innovaciones de los años 30.
Carlos Ball es Director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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