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Isabel Durán

¿Cuándo miente el ministro de Justicia?

Seis meses después de llegar a La Moncloa sabemos que lo más parecido al franquismo es el socialismo

El ministro de Justicia dice ahora que el cambio de sistema de elección de los cargos judiciales de mayoría simple a tres quintos "refuerza la democracia". Pues bien, Juan Fernando López Aguilar escribió, en 1996, una joya para la doctrina y el pensamiento jurídico, "La Justicia y sus problemas en la Constitución". La obra, publicada por la editorial Tecnos –por cierto, cuando el Consejo General del Poder Judicial estaba controlado todavía por la mayoría parlamentaria socialista–, explica reiteradamente que la independencia de los jueces se produce con relación al ejercicio de su jurisdicción, por lo tanto, cuando un juez actúa como tal sentenciando. López Aguilar mantenía que cuando se les nombra selecciona o promueve a los jueces y magistrados por el Consejo, en nada afecta a la independencia judicial. Es decir, que en ese su texto el hoy ministro se explaya en defender exactamente lo contrario a lo que ahora alega para llevar a cabo este brutal atropello contra el órgano de gobierno de los jueces.
 
"Ni en la Europa parlamentaria ni en los EEUU está hoy en discusión que la independencia judicial resulte perjudicada por la modalidad de ordenación del sistema de selección de los jueces" afirmaba el otrora portavoz de justicia en la oposición y catedrático de Derecho Constitucional en la página 117 de su libro. Y añadía, "ni la elección parlamentaria de los miembros del Consejo ni la actual delimitación legal de su potestad parlamentaria tiene nada que ver con la subordinación de la justicia al parlamento" (pág.50). Lo mismo que lo que hoy mantiene el ministro, ¿verdad? Pues aún hay más.
 
El actual titular de Justicia señala en su publicación que "la independencia se predica sólo y exclusivamente de los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional" (pág.52) ya que "es un principio que protege al juez preservando su imparcialidad en el curso de su actuación jurisdiccional" (pág.114). Tan reiterados argumentos concluyen en la página 118 de la obra de López Aguilar con la siguiente sentencia: "La firmeza o el respaldo de que puede disfrutar en cada ordenamiento la garantía de la independencia judicial no se halla en función de la modalidad de acceso a al magistratura ni de la competencia relativa a la selección de los jueces ni de su gobierno interno, sino de las garantías para el imparcial ejercicio de la jurisdicción". Es decir, verde y con asas.
 
El Anteproyecto de Ley Orgánica firmado por el propio ministro de Justicia recoge en su exposición de motivos argumentos radicalmente opuestos a los que mantenía cuando el PSOE controlaba el CGPJ en 1996. Justifica ahora el señor ministro la reforma en aras de la salvaguarda de la independencia judicial. Y esa salvaguarda pretende ser preservada nada menos que mediante un cambio de mayorías en el sistema de elección de determinados cargos por el Consejo. ¿En qué quedamos?
 
En política no vale una cosa y su contraria. Resulta de una gravedad extrema el asalto a la justicia realizado con inusitada urgencia por la puerta de atrás tras 24 años de funcionamiento del sistema de elección de los jueces por el CGPJ, cuando el Partido Socialista tan siquiera lo llevaba en su programa electoral. Cuando se consume esta reforma el órgano de Gobierno de los Jueces quedará "herido de muerte", como ha señalado con fortuna el informe de la comisión de estudios del Consejo.
 
Los jardines y demás desafueros a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tienen un límite. Seis meses después de llegar a La Moncloa sabemos que lo más parecido al franquismo es el socialismo. Sectarismo en estado puro. Purgas y justificaciones de lo injustificable únicamente para arrasar con lo anterior e imponer la política de carné en la boca y del pensamiento único. Ya puestos, y ya que la mayoría de tres quintos refuerza la democracia según el nuevo razonamiento del jefe ministerial, ¿por qué no la impone para la aprobación de propia ley en las Cortes o por qué no para la elección parlamentaria del presidente del Gobierno? ¿Quizás porque el Ejecutivo asaltador de la Justicia no posee esa mayoría?

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