Cuando en julio de 1993 la banda terrorista ETA secuestra al empresario Julio Iglesias Zamora, el entonces presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, pone las cartas sobre la mesa y declara. “ETA no tiene ni capacidad ni autoridad para haber tomado la decisión de realizar el secuestro. Los que toman las decisiones de llevar a cabo las acciones terroristas son las mesas civiles y, más concretamente, las mesas de KAS y de HB”. Nunca ningún responsable del nacionalismo vasco, y menos aún el mismísimo lehendakari, había osado poner el dedo acusador de manera tan directa. Y añadió: “En Herri Batasuna hay personas que tiene dos boinas. En unas ocasiones usan la de HB y en otras la de ETA, según les convenga”.
Desde entonces hasta ahora la palmaria acusación del presidente vasco ha podido ser demostrada gracias a una intensa, compleja y llena de obstáculos pero fructífera acción de acoso y derribo por parte de las instituciones democráticas sirviéndose exclusivamente de los instrumentos del Estado de Derecho durante los gobiernos de José María Aznar para poner a los terroristas contra las cuerdas. Todo ello culminó en el macrojuicio contra ETA cuyo comienzo estaba previsto para este mes de septiembre con el inicio del proceso contra KAS y que acaba de sufrir su cuarto aplazamiento. Las inexplicables dilaciones afectan al resto de los procesos que deberían venir detrás: al de KAS, debía seguir el de Gestoras Pro Amnistía; a éste, el de Herri Batasuna y más tarde le tocaba el turno a Udalbiltza. Es decir, el epicentro de la trama civil y económica de ETA
Para hacerse una idea de la envergadura del lo que iba a ocurrir judicialmente contra ETA este mes de septiembre, sólo en el proceso contra KAS estaba previsto que desfilaran unas setecientas personas del mundo proetarra, entre acusados y testigos. Desde José Benigno Rei “Pepe Rei” a Iñigo Elkoro pasando por Elena Beloki o Javier Alegría tenían que sentarse en el banquillo, es decir, todo el aparato editorial, internacional o de finanzas terrorista. Y, lo que es más importante para ellos, supondría el hundimiento económico del actual grupo empresarial que sustenta al diario Gara y su imperio editorial.
Al final de todo el macroproceso contra el brazo civil de los pistoleros y, de seguir actuando el Estado de Derecho, acabarían con sus huesos en la cárcel los actuales responsables del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que no es sino más de lo mismo pero que, pese a la Ley de Partidos, se encuentran parapetados en el Parlamento vasco por obra y gracia de José Luis Rodríguez Zapatero y de su Fiscal General.
Pero esto es lo que hubiera pasado de no haber perdido el PP las pasadas elecciones generales. El cuarto aplazamiento del juicio de KAS se ha señalado para el 15 de noviembre pero pretendía retrasarse aún más. Aplazamientos que, casualmente, entran de lleno en los plazos "concedidos" la semana pasada por uno de los portavoces del brazo civil etarra, Pernando Barrena quien advirtió públicamente al presidente que tiene cuatro meses y que el proceso “tiene fecha de caducidad como el yogur”.
Por eso, cuando el fiscal general del Estado durante la apertura del año judicial ha afirmado que “el extraordinario nivel de eficacia judicial y policial” hace augurar el fin “próximo” de ETA, Conde Pumpido oculta que su actuación ha impedido la persecución del brazo civil de ETA, hoy parapetada en el Parlamento. Conde Pumpido oculta también que él mismo abronca personalmente al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional cuando pide medidas cautelares contra los acusados en el sumario del PCTV instruido sólo gracias a las víctimas del terrorismo. Y oculta que, al menos por ahora, centenares de acusados por terrorismo que tenían en sus agendas sentarse en el banquillo este otoño, comerán tranquilamente el turrón estas navidades en sus casas. Conde Pumpido oculta que el entramado económico de los pistoleros continuará en pie y, de nuevo, boyante.
