Cuando los contratos de adquisiciones mueven grandes cantidades de dinero, hay muchas moscas que acuden a la rica miel. Siempre ha sido así y es difícil imaginar que las relaciones entre representantes de las empresas fabricantes, intermediarios, grupos de presión, funcionarios del Estado y políticos va a variar ahora. No obstante, a los responsables políticos y a los funcionaros involucrados en la tramitación de los expedientes se les debe exigir honestidad. La formalización de los procesos y la transparencia son dos buenos antídotos de las tentaciones y la corrupción. José María Aznar hizo que la corrupción desapareciera de España como problema tras los sucesivos escándalos de los socialistas en el poder. ¿Vuelve ahora a reinar entre nosotros?
La atención estos días viene fijada en La Caixa y los impagados del PSC y ERC, pero hay otro tema importante que también afecta el ministerio de Defensa y, por ende, al ministro Bono: la adjudicación del sistema de combate de los submarinos de la serie S-80 a la empresa norteamericana Lockheed Martin. Según los competidores en la oferta que se han quedado fuera del contrato, entre ellos la norteamericana Rytheon, el trámite de la adjudicación ha sido, cuando menos, poco trasparente, sin descartar otras implicaciones mayores.
Se asegura, por ejemplo, que la oferta ganadora no era la más competitiva, ni por calidad ni, algo más objetivo, por precio. Y se insinúa que otros factores han podido estar presentes en la decisión de defensa.
No se puede poner en duda la honestidad del ministro en este asunto, pero si alguna de las empresas competidoras inicia acciones legales en defensa de lo que considera un derecho vulnerado, se habrá puesto en una situación que convendría que aclarara cuanto antes. Puede que él no haya tenido nada que ver, pero tal vez alguien de su entorno si sepa más de lo que él sabe.
Ante rumores y acusaciones, el ministro Bono debería responder algunas preguntas:
- ¿Es cierto que la oferta ganadora no era la más competitiva?
- ¿Por qué la adjudicación siguió un trámite poco normal, anunciándose fuera de las decisiones del Consejo de Ministros, como es habitual en estos casos?
- ¿Por quién se inclinaba el dictamen técnico de la Armada?
- ¿Ha habido entrevistas del Gobierno con representantes de Lockheed antes de la adjudicación del contrato?
- ¿Los ha habido con el resto de las empresas que también licitaban?
- ¿Se han perseguido algún tipo de compensaciones en Estados Unidos con la adjudicación de este contrato?, y si es así, ¿de qué tipo?
No es bueno que la sombra de la sospecha planee sobre defensa. El ministro Bono tiene o podría tener si quisiera, toda la información al respecto. Sólo hace falta que la explique públicamente, y si es con luz y taquígrafos con los que dejar constancia, mejor que mejor, que si no, las palabras se las lleva el viento o se reinterpretan a gusto del consumidor.
