Si la sola presencia del cartel que anuncia la convocatoria de la asamblea de Batasuna-ETA no ha bastado para que el Fiscal General del Estado actúe, el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, en cambio, ha abierto diligencias para conocer si esta convocatoria puede implicar un delito de colaboración con banda armada. Es decir, que si bien de conformidad con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, nuestro poder político no termina de ver clara la ilegalidad del cartel que inunda las calles del País Vasco y, por tanto, no insta a la Sala VI del Tribunal Supremo a hacer cumplir la sentencia que ilegalizó a Bataasuna, un representante de nuestro poder judicial sí ve clara esta relación, e incluso llega más lejos, entendiendo que puede haber en esta convocatoria un delito de colaboración con banda armada, recogido en el Código Penal.
Así, mientras el Gobierno y la Fiscalía General del Estado siguen pensando que dirección tomar, es un integrante del Poder Judicial, el titilar del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia nacional, quien, gracias a la independencia que le otorga nuestra Constitución, solicita a los Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen sobre la convocatoria de la asamblea del día 21.
