El auto de la jueza Miriam Iglesias, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3, sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha puesto todavía más difíciles las cosas a la gasista controlada por La Caixa en su intento de hacerse con la eléctrica que preside Manuel Pizarro, y al Gobierno español en su deseo de frenar la OPA de la alemana E.On.
El auto de la juez Iglesias suspende de forma cautelar, a petición de Endesa, la OPA de Gas Natural y la ejecución del contrato entre la gasista e Iberdrola para vender a ésta última activos de Endesa. La misma suspensión ya es un hecho importante porque, en un proceso como éste –donde las irregularidades de todo tipo han estado a la orden del día, tanto por parte de la CNMV, como de la Comisión Nacional de la Energía, como, y sobre todo, del propio Gobierno–, se necesitaba algo que restaurase la normalidad y la confianza en las instituciones españolas y ese algo ha procedido de la Justicia, algo sobre lo que el Ejecutivo no tiene el control que posee en estos momentos sobre la CNMV y la CNE.
Más importante aún, si cabe, es el argumento empleado por la jueza Miriam Iglesias, esgrimido por Endesa en su demanda. Según la jueza Iglesias, la OPA de Gas Natural junto con el acuerdo entre ésta e Iberdrola pueden vulnerar el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea, puesto que dicho acuerdo puede constituir una concertación previa entre ambas empresas que impediría la competencia en el sector energético y afectaría al comercio entre Estados miembros. Un argumento de mucho peso por varias razones. En primer lugar, el auto de la jueza Miriam Iglesias desautoriza plenamente el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se aprobó la OPA, en contra del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, quien recomendó su prohibición. Según el Gobierno, y el presidente del Tribunal, el ex diputado socialista Luis Berenguer, que dejó a esta institución a los pies de los caballos para servir a los intereses del Ejecutivo, el TDC había dicho lo que dijo porque estaba controlado por el PP. Pues bien, ahora la Justicia dice lo mismo, y ésta sí que no está controlada por el Partido Popular. Además, con el auto, la jueza pone de manifiesto que detrás de las acciones del Gobierno en este terreno no hay más que intereses políticos, digan lo que digan Zapatero, Montilla, Sebastián y demás, para cuya satisfacción el Gabinete no ha dudado en saltarse a la torera todo cuanto se le ponía por delante... todo menos los tribunales. Afortunadamente, todavía hay Justicia en este país.
En segundo término, al justificar la jueza Miriam Iglesias su auto a partir del artículo 81 del Tratado de la Unión Europea, abre las puertas para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde Endesa también ha presentado una demanda, haga lo mismo. Y todo ello en un momento en el que la Comisión Europea estudia abrir un expediente a España por negarse a informar sobre el real decreto para parar la OPA de E.On. Bruselas está en contra de dicho decreto, con argumentos de peso como, por ejemplo, que va en contra de dos libertades fundamentales de la UE: la de establecimiento y la de movimiento de capitales. El colegio de comisarios ahora tiene una razón más contra España al reconocer la Justicia que la estructura de la OPA puede vulnerar otro artículo más del Tratado de la UE. Así es que al Gobierno de Zapatero se le ponen cada vez peor las cosas.
El Gobierno dijo el viernes pasado, el día que vencía el plazo dado por la Comisión Europea para que informara sobre el decreto para parar la OPA de E.On, que respondería este jueves, justo el día en que da comienzo la cumbre de primavera de la Unión Europea en la que se pasa revista a los avances en la implantación del mercado único, la liberalización de sectores y las reformas estructurales para hacer más competitiva a la economía de la UE. ¿Qué va a decir en ella el Gobierno, en las circunstancias actuales y con el auto de la jueza Miriam Iglesias recién salido del horno? Poca cosa. Más bien, lo que puede ocurrir es que reciba una dura reprimenda delante de todo el mundo. El Ejecutivo tiene cada vez menos espacio para defender una posición insostenible, detrás de la cual solo hay intereses particulares y, por lo que parece, nada le va a salvar del castigo de la UE.
Mientras tanto, el auto de la jueza Miriam Iglesias ha despejado muchas cosas. De entrada, pone todavía más difícil si cabe que Gas Natural se quede con Endesa porque sin el acuerdo con Iberdrola no puede financiar la OPA. Por tanto, puede decirse sin temor a equivocación que Gas Natural podría haber quedado definitivamente fuera de juego y haber encontrado la justificación necesaria para retirarse de una partida en la que hace tiempo que está sólo por la presión del Ejecutivo, con lo cual ahora todo se centra en E.On. El Gobierno no quiere que la eléctrica alemana se quede con Endesa, en parte porque su intención era que fuese para Gas Natural, cosa que ya no parece posible, en parte porque no quiere a extranjeros en lo que considera un sector estratégico de la economía española. Pero si E.On ha entrado en la puja es por culpa del Gabinete, que ha abierto de forma unilateral, parcial e irresponsable el melón de las operaciones de concentración empresarial en la industria energética patria, y ahora que trata de frenar a los alemanes vulnerando la legislación europea resulta que un juzgado español habla de otra vulneración de la misma, en la que el Ejecutivo ha sido cómplice al autorizar la OPA. ¿Cómo van a defender Zapatero y los suyos lo indefendible ante la Comisión Europea cuando el Gobierno acaba de llevarse semejante varapalo en España? De ninguna forma. Ahora la cuestión es si se va a empecinar en seguir erre que erre y no rectificar su posición y, en caso de que nada cambie, a cuánto va a ascender la factura de los platos rotos y de qué forma tendrá que pagarla el país.