El ex ministro del Interior con Felipe González lo tiene escrito en sus memorias: "Han sido detenidos varios etarras. Según parece, algunos parientes han mantenido conversaciones con Gorka Aguirre, encargado de las relaciones exteriores del PNV. En los diálogos han utilizado teléfonos de la Consejería de Interior. Al parecer (el Gobierno vasco y el PNV) les ha ofrecido influencia y presión contra unas eventuales extradiciones a cambio de que ETA deje de pedir el impuesto revolucionario a los militantes del PNV. Estupendo. Esto es lo que algunos de ellos llaman solidaridad, juego limpio y oposición a la actividad terrorista."
José Barrionuevo Peña relata así cómo en 1983 el sobrino del lehendakari Aguirre, liberado del PNV, casado con una hija del entonces consejero vasco del Interior, Luis María Retolaza, es el enlace entre el PNV y ETA. Y cómo, junto con Javier Arzalluz y el Gobierno vasco, pactaron con los terroristas que la extorsión a los empresarios excluyera a los afines al partido. En 1986 los papeles de Sokoa ponen de manifiesto el gigantesco entramado de extorsión terrorista y, como se desvela en "Arzalluz. La dictadura del miedo" de José Díaz Herrera y quien suscribe esta columna, la ETA deja constancia por escrito en los listados de los "amnistiados" que "han cumplido con el PNV" para los que no había secuestros, ni torturas ni amenazas a sus familias.
Veinte años después la mafia continúa, esta vez con el socialismo cómplice del nacionalismo apoyado por policías que alertan a los terroristas para evitar el peso de la justicia. El juez Grande Marlaska ha imputado a Gorka Aguirre, uno de los artífices de la tregua trampa, es decir, del pacto secreto entre el PNV y la ETA, y cita como testigo al ex presidente del partido, Xavier Arzalluz, en relación con la trama de extorsión del terrorismo nacionalista vasco. Sin embargo lo insólito por impensable es que ahora, por primera vez, existen fundadas sospechas de que miembros de la policía al servicio del Gobierno español han colaborado con los asesinos para impedir su detención. Un cambio de colosales dimensiones.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha tenido que nombrar a un inspector jefe encargado de las investigaciones con la orden expresa de silencio ante su superior, Telesforo Rubio, máximo responsable de la lucha antiterrorista del Ejecutivo de Zapatero, el comisario que antes de declarar en la Comisión del 11-M acudió a despachar a la sede socialista de Gobelas. Y lo que es peor, si cabe: el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha dado explicaciones ni muestra alguna de que investigará el chivatazo a los terroristas para poner entre rejas a los culpables.
A pocos días de que el presidente acuda al Congreso para anunciar el inicio de negociaciones públicas con los pistoleros en cumplimiento del ultimátum etarra, socialistas, nacionalistas y policías son quienes se empeñan en negar la existencia del terrorismo, en exaltar sus inventadas virtudes de pacificación y su falsa voluntad democrática. En definitiva se han convertido en los protectores de la ETA. Unas evidencias que generan de todo menos "sosiego" ante las endemoniadas perspectivas de futuro en que nos ha sumido Rodríguez Zapatero.
