El presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos en España (Acce), Antonio Du, ha asegurado que, en algunas zonas, a pesar del precio económico de los productos, la caída de las ventas ha provocado el cierre de hasta el 30% de este tipo de negocios.
Du ha explicado que en torno a un 3% de los 150.000 chinos residentes en España regenta un punto de venta textil, que da empleo a una media de cinco o seis trabajadores en cada uno de ellos.
Aproximadamente el 50% de la moda con la que trabajan estos empresarios llega importada desde China, un 20% se fabrica en España y el 30% restante se confecciona en otros países europeos como Francia o Italia. Además, gran parte del manufacturado de las prendas como etiquetado o las perchas se producen en Europa.
Los comerciantes aseguran contar en cada provincia con un gran punto de distribución de prendas textiles, similares al madrileño enclave de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), a partir de los cuales se reparte la moda entre el comercio detallista. De hecho, su clientela se compone en un 70% u 80% de empresas españolas.
Antonio Du ha explicado que el modelo de negocio de este tipo de establecimientos se basa en la venta de productos a un precio económico que permita a los pequeños comercios ser competitivos frente a las grandes superficies.
Algo que, según el presidente de Acce, cada vez es más complicado, ya que se ven obligados a mantener la calidad y ser competitivos frente a las grandes cadenas. "En primer lugar el consumidor español demanda calidad y luego mira el precio", ha dicho.
"Además, la ropa se pasa de moda y hay que darle salida al 'stock' por lo que es necesario realizar rebajas en los precios cada vez que termina cada temporada", añade Du.
Aunque la proliferación de este tipo de negocios pueda hacer creer lo contrario, el mercado español sigue siendo muy pequeño en relación al de otros países como el francés o el italiano. Pese a ello, Antonio Du señala que los empresarios chinos se han adaptado perfectamente.
Del mismo modo, los emprendedores asiáticos aseguraron que el colectivo no reciben ningún tratamiento especial, ni de favor, ni discriminatorio, a la hora de establecer sus negocios, rechazando así que se produzcan irregularidades en la constitución de sus empresas.