A María Teresa Ruiz Delgado, vecina de Suances (Cantabria), el pasado 3 de septiembre se le notificó por error que su piso, alquilado a una familia que tampoco sabía nada del asunto, iba a ser embargado. El proceso se había puesto en marcha en febrero de 2010 debido a una deuda de 20.144,38 euros en concepto de principal, más 6.043 por intereses y costas.
María Teresa, de 64 años y aquejada de una enfermedad del corazón, no pudo saber nada más en el momento de la notificación, ya que ésta iba dirigida a su marido, ausente debido a cuestiones laborales. La mujer quiso solucionar el aparente equívoco por sí misma para no importunar a su marido y pidió ayuda a la directora de su caja de ahorros, quien le puso en contacto con la caja de Valencia, que pronto la comunicó que habían localizado a la verdadera deudora, cuyo nombre y apellidos coincidían con los de la demandada, pese a que su DNI era –lógicamente- distinto.
El juez explicó en su autor que el embargo se predice porque se ha practicado el requerimiento del pago a los demandados con anterioridad. El matrimonio no se explica cómo se embargó sin haberse asegurado de que los afectados eran realmente los deudores, y más teniendo en cuenta la distancia geográfica entre un lugar y otro, entre Valencia y Santander.
Tras varios días de nervios, publica El diario montañés, el director de la caja se puso en contacto con la afectada para disculparse, pero hasta el lunes no se les notificó que la orden de embargo ya había caducado. Entre tanto, María Teresa tuvo que ser trasladada a Urgencias debido a un desmayo causado por una "crisis de angustia", según el parte hospitalario.
En el escrito de la caja se contempla la extinción del procedimiento y se disculpaga asegurando que "la señora María Teresa Ruiz Delgado nada tiene que ver con la deudora, que es otra persona distinta. Nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas". Unas molestias, indica el diario, presupuestadas en cuantiosos gastos de abogados a los que tendrá que hacer frente el matrimonio. Si quieren demandar, tendrán que desembolsar dos mil euros adicionales por las diligencias judiciales, y aún así tienen un 95% de posibilidades de perder el juicio y hacerse cargo de las costas.