El Ministerio de Defensa aseguró este jueves a Europa Press que la coordinación formada por el Gobierno a raíz del secuestro del Alakrana asumió con "total unanimidad" la decisión de traer a España a los piratas Cabdiwelly Cabdullahi Abdu Willy y Raageggesey, detenidos por la Armada Española el 3 de octubre en el Océano Índico.
"El JEMAD, a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata Canarias conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta y que, por lo tanto, se procediese a detener a los piratas en flagrante delito de piratería. Esas normas de la Atalanta son la de acción común 2008/8/5/1/1 PESC del Consejo de la UE en sus artículos 2 y 12", plantea Defensa en un comunicado adelantado a Europa Press.
Sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda llamar a declarar a los infantes de marina que procedieron a la detención de ambos piratas, Defensa indicó que por ahora "no hay nada firme" y agregó que hasta que no lo haya no harán nada. Eso sí, subrayó que si la Audiencia Nacional lo ordena, lo ejecutarán.
En esta línea, el Ministerio apostó por la "prudencia" hasta que no se sepa "qué se pide y cómo" a este respecto. Recordó, eso sí, que la fragata Canarias, que fue la que detuvo a los piratas, está ahora en Seychelles repostando y luego se reincorporará a la Atalanta en aguas del Índico, por lo que quienes detuvieron a los piratas "sin duda" están todavía allí.
El Mundo dice que De la Vega forzó el traslado a España
Defensa desmiente la información de El Mundo que apuntaba a que tras ser detenidos por la armada y con todo pactado para que las autoridades keniatas se hiciesen cargo de ellos, fue De la Vega la que forzó que Abdu Willy y su compañero Raagegeesey fuesen traídos a España, haciendo que el abogado del estado presentase una denuncia en la Audiencia Nacional.
Tal y como refleja la información que firman Casimiro García – Abadillo y María Peral este jueves en El Mundo, la intervención de María Teresa Fernández de la Vega en contra del criterio del Ministerio de Defensa y de Carmen Chacón fue la que finalmente provocó que Abdu Willy y su compañero Raagegeesey viniesen a España, una decisión discutible desde el punto de vista jurídico y que ha resultado un problema importante a la hora de gestionar el secuestro.
Así, la noche del 3 de octubre el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, recibió instrucciones de la vicepresidenta para redactar una denuncia por el secuestro del Alakrana con la que se pretendía dar cobertura legal a la actuación de la fragata Canarias, después de que hace sólo cuatro meses surgiese un conflicto con otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Abreu, cuando otra fragata española detuvo a 14 piratas somalíes.
Tras redactar esta denuncia el jefe de la Abogacía del Estado llegó a la Audiencia Nacional pasada la medianoche y cuando la sede judicial estaba cerrada, pero llamó por teléfono a Garzón (que estaba sustituyendo a Pedraz como juez de guardia al encontrarse éste de baja por paternidad). El magistrado puso en marcha el juzgado de guardia y pasadas las 2 de la madrugada del día 4 de octubre la denuncia quedó presentada para que dos horas después Garzón dictase un auto por el que habría diligencias. Al día siguiente, 5 de octubre, y tras un informe del fiscal, el juez ordenaba el traslado de los piratas a España.
Ningún médico subió a al Alakrana
Por último, Defensa aclaró que ningún médico subió a bordo del Alakrana para tratar a tripulante alguno. El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, apuntó en esta dirección ayer en declaraciones a la Radio Galega, pero desde Defensa se insistió en que en dicha entrevista Méndez no especificó que se tratara de este pesquero.
Así, puntualizó que dicho médico atendió a un tripulante alemán de uno de los doce barcos secuestrados actualmente en la zona, pero subrayó que Méndez "no especificó nada" del Alakrana. Además, remarcó que en el Alakrana hay 36 tripulantes, de los cuales 16 son españoles, y afirmó que entre los otros veinte no hay alemanes.