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"SEGUNDO ASALTO" DE UNA FAMILIA

Denuncian un manual utilizado en EpC por "marxista"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite como prueba un informe que acusa de condición marxista un manual utilizado en EpC. La denunciante es la misma familia que abrió el primer proceso contra la asignatura en España

El autor del libro declara ante el Alto Tribunal andaluz por la denuncia de unos padres contra los contenidos del texto. "El autor adolece de una orientación de izquierda hegeliana que entra en conflicto con el pensamiento cristiano y también, aunque menos grave, con el político liberal y de derechas".

Informa de ello El Correo de Andalucía, que ha tenido acceso a los documentos sumariales. En la Sala Tercera del TSJA va a declarar el autor del libro, de la editorial McGraw Hill, denunciado por la familia onubense por "no respetar la neutralidad ideológica y vulnerar la libertad religiosa" de su hijo.

Según añade el periódico andaluz, la denunciante es la misma familia que abrió el primer proceso contra Ciudadanía en España y ha recurrido al mismo juzgado que aceptó la primera causa a favor de la objeción de conciencia contra EpC, y prohibió el contenido sobre diversidad de género del currículum.

Después de que el Supremo, en enero de 2009, concluyera que objetar que EpC es ilegal y que la materia no era adoctrinante, la familia de Bollullos Par del Condado emprendió un segundo asalto en los tribunales, esta vez contra el manual que usaba el colegio de su hijo, editado por McGraw Hill. El TSJA admitió a trámite la denuncia y ha convocado para un careo entre denunciantes y denunciados.

La familia onubense ha demandado a la Consejería de Educación, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la editorial McGraw Hill. Los jueces aceptaron como prueba de la acusación tres informes: uno del profesor de Filosofía Fernando López Luengos, otro de Antonio Páramo, del Instituto CEU de Humanidades, y el tercero del abogado Jesús Trillo-Figueroa, hermano del ex ministro de Aznar y autor del libro Una tentación totalitaria. Educación para la ciudadanía (2008).

Los tres han  negado  la "neutralidad ideológica" del libro. Para contrarrestar estos argumentos, los abogados de McGraw Hill encargaron un contrainforme a su autor, el catedrático de Filosofía Juan José Abad. Por eso la vista se antoja una especie de duelo entre filósofos o entre corrientes ideológicas divergentes.

Los informes de la acusación tachan al autor de "marxista", "ateo", "inquietante", "tendencioso", "manipulador" y llega a decir que "su visión falseada del cristianismo tal vez responda sólo a la particular experiencia deforme del autor". El informe considera que el libro de EpC es "una aberración" por "defender un relativismo moral" que presenta la realidad no como algo permanente, sino cambiante y condicionado por transformaciones socioculturales.

El informe de Luengos censura diez de los 18 temas del libro de EpC: la Historia, las relaciones personales, la sexualidad, los Derechos Humanos, los derechos de la mujer, la familia, la paz. Etc. En cada tema, contrapone su visión a la del autor; contra la idea de que existan varios tipos de familia: "Un padre cristiano no querrá que en un libro de texto aparezca el concepto de familia como algo a elegir entre varios modelos igualmente válidos. Se puede aceptar que se hable de situaciones familiares complejas y del eventual fracaso del matrimonio. Pero de ahí a proponer esto como normal hay un paso que sólo puede darse desde una visión ideológica" replica la acusación.

Continúa diciendo El Correo que tampoco acepta que el libro presente a las parejas gays como algo normal: "El libro confunde el respeto a los homosexuales con las reivindicaciones de los colectivos gays etc. Pero que un hecho sea corriente no puede ofrecerse sin más como síntoma de normalidad. Más corriente es el botellón y sería una irresponsabilidad explicarlo como forma de diversión normal".

El texto es especialmente duro con los temas que abordan el machismo, a los que califica como "apología de la ideología de género", un término que también hizo suyo el TSJA en el fallo contra EpC, cuando ordenó tachar la palabra "género" de su contenido.

La acusación  quiso que testificara a su  favor al secretario general de la patronal de colegios privados (CECE), Rafael Caamaño, y a un profesor de Huelva, pero los jueces se negaron. La Junta no encargó ningún informe. Sus abogados han presentado como prueba el decreto que regula la supervisión y selección de libros de texto y las reclamaciones sobre el manual que hubieran llegado al colegio del hijo de los denunciantes en los cursos 2008/09 y 2009/10.

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