L D (Europa Press) La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó en el Pleno del Congreso que la Ley significa "cambios importantísimo" como, por ejemplo, que las obras de interés general necesitarán un informe que justifique su desarrollo y analice sus impactos, y se comprometió a seguir con las obras que ya están en marcha con un menor impacto ambiental. Además, se obligará a controlar cuánta agua se consume, analizar la calidad del recurso hídrico, y a que las Confederaciones Hidrográficas realicen informes previos sobre nuevas urbanizaciones y sus demandas de agua, entre otros aspectos, indicó la titular de Medio Ambiente.
El proyecto de Ley de modificación del PHN incorporó la supresión de los embalses de Santaliestra y Jánovas (Huesca) y la conexión CAT-Abrera, pero mantiene el trasvase del Júcar al Vinalopó. Además, se aprobó este jueves en el Congreso que haya compensaciones de carácter ambiental y desarrollo socioeconómico de los municipios afectados negativamente en su desarrollo como consecuencia de la construcción de embalses. Se aprobó que Aragón dispondrá de "una reserva de agua suficiente para cubrir las necesidades presentes y futuras de su territorio, tal y como establece el pacto de Agua de Aragón de 1992".
Asimismo, se votó a favor de que "a propuesta del Gobierno de Aragón, las inversiones relativas a los embalses de más de cuatro hectómetros cúbicos, con fines de regulación interna, que sean aprobadas por la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, tendrán consideración de obras hidráulicas de interés general" según determinadas circunstancias. Se aprobaron también la ampliación de la desaladora de aguas salobres de El Mojón y sus colectores, la ampliación de la depuradora de Murcia-Este y el interceptor de aguas pluviales del norte de Murcia, en la cuenca del Segura.
Por el contrario, el texto final no incluye las enmiendas del Senado del PP como que se declaren de interés general todas las obras de los anexos II y III del PHN ni la obligación de que el Gobierno presente en tres meses, desde la aprobación del proyecto de Ley, un calendario de ejecución de las obras de los anexos II, III y IV del plan.
La diputada del PP María Ángels Ramón-Llín consideró que se aprobó "la peor política del agua" y anunció que su partido "va a seguir defendiendo el PHN original hasta la saciedad, que era un todo en su conjunto con el trasvase del Ebro", y que si vuelve a ganar las elecciones volverá a aprobar el trasvase del Ebro. La diputada valenciana criticó que el Gobierno no sepa dónde se van a instalar las desaladoras y le calificó de "insostenible".