En la Costa del Sol, ya se conocía por la denuncia de Jesús Gil, admitida a trámite por el fiscal Anticorrupción en 1995, que un ex vicepresidente de la Junta, José Miguel Salinas y un consejero del gobierno de Manuel Chaves, Jaime Montaner habían participado en la recepción de comisiones ilegales para "allanar" el camino de proyectos de Gil.
Ahora, se sabe que el PSOE de Estepona se financió durante un largo periodo de tiempo gracias a las "donaciones" de empresarios con intereses en la zona, según admitió el propio alcalde, Antonio Barrientos, en su primera declaración ante la juez instructora del caso 'Astapa', tras su detención en junio de 2008. Barrientos, según Efe, negó ante el juez tras su detención en el caso Astapa que exigiera dinero a empresarios y dijo que las aportaciones de firmas como Valle Romano para eventos "eran voluntarias y altruistas", a través de la Kutxa.
El ex alcalde socialista Antonio Barrientos, arrestado y encarcelado en la operación 'Astapa', admitió ante la instructora Isabel Conejo que el PSOE había "recibido donaciones", pero aseguró desconocer "los pormenores", a pesar de ser el presidente de la agrupación local socialista, ya que, según argumentó, "eso lo llevaba José Flores", el entonces jefe de Alcaldía. No se sabe dónde iba el dinero ni qué se hacía con él.
El modus operandi
Era el propio ex alcalde Barrientos quien recibía a los empresarios, seguramente en su despacho oficial. A él acudían los empresarios que tenían interés en diferentes proyectos y convenios urbanísticos Y era el alcalde el que decidía finalmente quién se iba contento y quién se iba triste. A cambio, los empresarios contentos sufragaban gastos municipales según los intereses, suponemos que electorales o de otro tipo, del alcalde socialista y el PSOE. Sin embargo, Barrientos niega que tal cosa sea financiación ilegal de su partido.
Posteriormente, el cierre de los convenios eran cosa de José Flores, igualmente detenido y encarcelado en la misma operación. Como consecuencia de las buenas relaciones entre las partes, aterrizaban en los despachos regalos varios como botellas de champán y otros.
Barrientos negó entonces que le hubieran pagado viajes, que le hubieran dado dinero en metálico, que en el Ayuntamiento hubiera varias contabilidades y que se hubieera contratado a dedo a decenas de personas socialistas. La juez no se lo creyó y dictó un auto de prisión por "contundentes indicios" de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencia y blanqueo de capitales.
Un resumen del caso
El "caso Astapa" se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento. De los 68 imputados que suma, 40 se encuentran en libertad sin fianza, 23 en libertad bajo fianza y sobre los cinco restantes no ha trascendido ninguna decisión judicial.
Según Efe, el sumario del "caso Astapa" revela "una gran confusión entre el interés público y el interés privado" en el consistorio "motivada por una relajación en la aplicación de las reglas de incompatibilidad". Según un informe policial contenido en la parte del sumario cuyo secreto se levantó ayer, esa "relajación" se producía "fundamentalmente en el área de Urbanismo".
Gran parte del personal técnico realizaba asesoramiento externo a empresas con interés urbanístico en el municipio, indica el sumario, que cita los casos de Valle Romano y Codelsa.
La Policía destaca en su informe, elaborado tras las declaraciones de ex concejal de Urbanismo Rafael Duarte, que la que era coordinadora de este departamento, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, "firmó las previsiones presupuestarias de Urbanismo" que el entonces edil de ese área se negó a firmar. El hermano de Javier Rojo, Gregorio, es presidente de la Caja Vital Kutxa.
Añade que el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, que estuvo encarcelado por este caso, "propició el encuentro" de Rafael Duarte con un empresario "con el objetivo de influir y presionarle para que se pronunciara de manera favorable" a sus intereses en relación a la paralización de unas obras.
Según el sumario, el concejal "no recuerda los casos concretos, pero puede ser, como hipótesis, que haya transmitido a personal técnico que se encuentra bajo su responsabilidad directrices procedentes de José Flores o de Antonio Barrientos (el ex alcalde socialista), para agilizar trámites que afectaban a intereses de particulares".
Precisa que tuvo conocimiento de algunos aspectos de la gestión de Francisco Zamorano, que era concejal de Hacienda, "que pueden estar en entredicho desde el punto de vista legal como los reconocimientos extrajudiciales de deuda a terceros o la externalización de servicios y concursos".
El "caso Astapa", con 68 imputados -23 de ellos en libertad bajo fianza-, se inició al denunciar el actual alcalde socialista, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez ante la Fiscalía Anticorrupción que podrían estar cometiéndose delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.
Colocados casi la mitad de los afiliados del PSOE en el Ayuntamiento
Que se dice y mucho en Andalucía que el PSOE coloca a los suyos no es nuevo. Lo que pocos aportan e investigan son las pruebas. El caso Estepona ha aportado una prueba irrefutable que muestra cómo se teje una tela de araña por los dirigentes del PSOE en Estepona.
Como no es el único caso, cabe enunciar la hipótesis de que esta es la manera habitual de proceder de los que mandan en el PSOE de Andalucía para conservar el mando y someter a los suyos y a los demás. En el caso de Estepona, el sumario ha ofrecido la evidencia de que 120 de los 315 afiliados del PSOE en la ciudad fueron colocados en el Ayuntamiento, a lo que hay que sumar 40 familiares de personas afiliadas al PSOE. Dicho de otro modo, los oligarcas del PSOE de Estepona enchufaron a afiliados y familiares saltándose las reglas democráticas y la igualdad de oportunidades.