L D (EFE) El fiscal ha añadido que las diligencias prejudiciales se centrarán en determinar si "hay residuos entre la cuenca de Mequinenza y la desembocadura del río; en qué zona concreta se encuentran; quién es el presunto responsable de la contaminación y cuándo se han producido los vertidos en el agua". Parra también ha anunciado que tratará de establecer si los episodios de contaminación hechos públicos ahora tienen relación con los denunciados en 1992, por los que fue condenada la misma empresa.
"La sentencia está en fase de ejecución. Si se demuestra que los vertidos están relacionados, estas diligencias se incorporarán a la fase de ejecución. Si no, la investigación continuará el procedimiento habitual", ha explicado Parra. En un encuentro con periodistas, José María Parra ha señalado que el objeto de la investigación es "recabar toda la información" y, si contempla que existen indicios de delito, continuar adelante con el proceso judicial y abrir diligencias previas.
Precisamente, el fiscal jefe ha informado de que ya ha solicitado toda la documentación sobre este asunto al departamento de Medio Ambiente de la Generalidad y ha criticado que todo lo que conoce del caso le ha llegado únicamente a través de los medios de comunicación. "La información que recibe el fiscal debe llegar por parte de la Generalidad, que es la encargada del control, vigilancia e inspección de presuntos delitos ecológicos", ha dicho Parra, quien ha asegurado que no tiene constancia de que grupos ecologistas hayan denunciado a Erkimia tras conocerse el informe del CSIC.
Este estudio elaborado por científicos del CSIC y la Universidad Autónoma de Barcelona, por encargo del departamento de Medio Ambiente, indica que entre 200.000 y 300.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de la empresa Erkimia se acumulan en el lecho y la orilla del río Ebro entre las localidades de Riba-roja y Flix.
"La sentencia está en fase de ejecución. Si se demuestra que los vertidos están relacionados, estas diligencias se incorporarán a la fase de ejecución. Si no, la investigación continuará el procedimiento habitual", ha explicado Parra. En un encuentro con periodistas, José María Parra ha señalado que el objeto de la investigación es "recabar toda la información" y, si contempla que existen indicios de delito, continuar adelante con el proceso judicial y abrir diligencias previas.
Precisamente, el fiscal jefe ha informado de que ya ha solicitado toda la documentación sobre este asunto al departamento de Medio Ambiente de la Generalidad y ha criticado que todo lo que conoce del caso le ha llegado únicamente a través de los medios de comunicación. "La información que recibe el fiscal debe llegar por parte de la Generalidad, que es la encargada del control, vigilancia e inspección de presuntos delitos ecológicos", ha dicho Parra, quien ha asegurado que no tiene constancia de que grupos ecologistas hayan denunciado a Erkimia tras conocerse el informe del CSIC.
Este estudio elaborado por científicos del CSIC y la Universidad Autónoma de Barcelona, por encargo del departamento de Medio Ambiente, indica que entre 200.000 y 300.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de la empresa Erkimia se acumulan en el lecho y la orilla del río Ebro entre las localidades de Riba-roja y Flix.