Muchos adjetivos se pueden utilizar para definir la situación que viven 27 profesores de Ceuta. 27 personas que engrosan las listas de paro, pero en este caso no por la crisis económica que atraviesa el país, sino por un incumplimiento flagrante por parte del Ministerio de Educación de la propia LOE.
Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen dos peculiaridades con respecto al resto de provincias de España. Por un lado, son las únicas en las que el Ministerio que dirige Ángel Gabilondo tiene competencias directas. Por otro, son las dos zonas de España con mayor tasa de fracaso escolar: el informe PISA del año 2006 cifró el fracaso escolar en Ceuta en un 50,7% y en Melilla en un 47,3%.
Con la llegada de la LOGSE –en 1990– y el cambio de sistema educativo, los dos últimos cursos de la EGB (7º y 8º) se transformaron en 1º y 2º de la ESO. Esta nueva ley (y posteriormente lo recogía también la LOE) establecía claramente que sólo los licenciados, arquitectos o ingenieros, que poseyeran además el curso de adaptación pedagógica, podrían dar clase en estos dos cursos.
Y es que hasta ese momento los maestros también habían ejercido su labor en estos dos últimos cursos de la EGB. Es por ello, que la nueva norma daba un plazo de seis años a estos maestros con plaza definitiva en un colegio para que se adscribieran a un centro de secundaria y así poder dar clase en estos cursos de manera definitiva. Pero a partir de ese momento, del año 1996, no se podría contratar a ningún maestro más.
Pues bien, según ha podido saber LD, el Ministerio de Educación sigue contratando a maestros incumpliendo de esta manera la ley. Y lo hace precisamente en Ceuta, una de las dos únicas ciudades donde tiene competencia directa.
Y eso a pesar de que el propio ministerio, dirigido entonces por Mercedes Cabrera, reconocía a principios de 2009 que esta práctica contraviene a la LOE. Además, hay dos sentencias en este sentido a favor de los profesores: una del año 2004 contra la consejería de Educación en Canarias y otra en 2005 contra la de Aragón, en donde se les exigía que dejaran de fomentar este intrusismo profesional. Este periódico ha intentado sin éxito, en varias ocasiones, ponerse en contacto con Educación para que pudiera explicar esta situación.
El Ministerio se ahorra entre 400 y 500 euros
Los profesores interinos afectados achacan este incumplimiento de la ley a motivos puramente económicos, ya que estos maestros contratados de manera irregular cobran entre 400 y 500 euros menos al mes. Mientras tanto llevan 3 años sin trabajo, con la situación de desventaja añadida que esto conlleva, puesto que de cara a examinarse de unas oposiciones no sumarían los puntos extra que sí obtendrían en el caso de estar en activo.
El sindicato Asociación de Profesores de Secundaria (APS) ha indicado a LD que desde el ministerio “están actuando de manera ilegal” y son “plenamente conscientes de que lo están haciendo”. “Estamos indefensos”, se lamentan.
El Ministerio de Educación, la secretaría de Educación en Ceuta y la propia Justicia –en otras regiones- ha dado la razón a estos profesores. Pero nada cambia. Lejos de mejorar, la situación que llevan padeciendo estas 27 personas desde hace tres años empeora, ya que en este curso se han otorgado más plazas a los maestros.