Como corolario cabe deducir que de haber sabido que era del PP el gobierno socialista jamás hubiera consentido su contratación como técnico de radio. Según consta en la sentencia, facilitada a Europa Press, existe una "evidente conexión" entre la adscripción política del demandante, Andrés García Velasco, con el hecho de que se le apartase del cargo, por lo que se consideran vulnerados sus derechos fundamentales. No es el único caso en el que se demuestra la existencia de un "régimen" que impide la presencia del PP y de otros partidos en la vida laboral andaluza.
El Magistrado Jesús I. Rodríguez en su fallo advierte que ha tenido lugar en el caso del técnico afectado de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo produciendo menoscabo de su dignidad y formación profesional. Igualmente, considera que tal situación acarrea un perjuicio para su imagen dentro y fuera de la empresa.
Andrés García Velasco fue contratado como técnico de sonido en la radio municipal a principios de 1998, en 2004 su contrató se transformó en el de un locutor de radio y en 2007 fue nombrado coordinador de la emisora. Como coordinador, organizaba el trabajo del resto de trabajadores de la emisora, hacía la programación, gestionaba publicidad, realizaba los cobros, hacía entrevistas, locución, grababa los plenos municipales y eventos relevantes de la localidad y creó el logo y la sintonía de la radio, tareas por las que percibía sólo 570 euros mensuales.
Pero el 23 de octubre de 2009, el PP de Montefrío celebró su congreso local y García Velasco resultó elegido presidente de la agrupación popular local del pueblo. Tres días antes, cuando el Ayuntamiento conoció esa situación, le comunicó verbalmente al trabajador que desde ese día dejaba de realizar funciones como coordinador de la radio, y que se limitaría a ser locutor de radio por un sueldo inferior. Por ello, el juez acuerda fijar una indemnización para el perjudicado, cuya cuantía está fijada en base a 45 días de salario por año de servicio, declarándose la extinción de la relación laboral.
El Ayuntamiento de Montefrío, por su parte, alegó este lunes que fue la "falta de capacidad profesional" de García Velasco - de la que al parecer no fue consciente durante años -, y no su condición política la circunstancia que llevó a la corporación a destituirlo como coordinador de la emisora. En un comunicado, la alcaldesa, Remedios Gámez, explicó que, de hecho, el PP ya le abrió expediente sancionador en 2001 cuando gobernaba en el municipio "por sus reiteradas faltas de asistencia a su puesto de trabajo de manera injustificada", lo que demuestra, a su entender, "la absoluta irresponsabilidad, hipocresía y falta de profesionalidad de este sujeto".
Remedios Gámez anunció que el Ayuntamiento de Montefrío recurrirá esta sentencia, y se mostró convencida de que la justicia "acabará dando la razón al Consistorio", porque actitudes como la de García Velasco, "que durante 11 años no ha cumplido con su horario laboral", son "intolerables en una sociedad democrática, más aún cuando en la actualidad hay tantas personas que quieren trabajar".
Más casos de represalias por afiliación al PP
Las consecuencias laborales de ser afiliado del PP en Andalucía se dividen en dos. Una, que de saberse, es muy probable que no se sea contratado por ninguna empresa pública en manos del PSOE, ni por Administración alguna controlada por el PSOE, salvo si por medio existen oposiciones regladas y no puede ser evitado. Dos, que cuando se sabe si es que estaba oculto de manera inmediata se producen represalias.
El caso de Montefrío no es el único. En enero de 2008, un juzgado de Granada declaró nulo el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) al entender que hubo una "represalia discriminatoria por la tendencia política del despedido", simpatizante del PP, y su "enemistad" con los responsables del equipo de gobierno, del PSOE. En la sentencia, el Juzgado de lo Social número 2 de Granada obliga al consistorio a readmitir a A.M.S.F., en las mismas condiciones en las que desempeñaba su trabajo antes del despido, a abonarle 1.072 euros en concepto de salarios desde el pasado noviembre y a indemnizarle con 3.000 euros por el proceso depresivo en el que se vio sumido.
Andrés de la Oliva, catedrático de Derecho de la Complutense de Madrid ha escrito: "Los actuales requisitos de promoción son pertenencias y militancias menos formales que las antiguas, pero no menos intensas o eficaces. En cierto modo, tienen ventajas mayores y menores inconvenientes. Los buenos “enganches” o apoyos apenas han de ser visibles e incluso pueden permanecer en la sombra o en una estudiada semiclandestinidad." A pesar de que Andalucía quiere ser una sociedad democrática, este aserto va a misa.