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IU-ICV apuesta por reservar calles para que se ejerza las prostitución

Joan Herrera apostó este sábado por "dar la cara" con una regulación del trabajo sexual a nivel estatal y crear zonas de tolerancia en algunas calles donde puedan ejercer, siempre que los vecinos estén de acuerdo. El alcalde de Barcelona, sin embargo, pide que se prohiba por ley.

De esta forma se desmarcó del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que pidió una ley que prohíba el ejercicio de la prostitución en la calle para "luchar por la dignificación" de espacios públicos como La Rambla, una actitud que los ecosocialistas creen que mantiene la situación sin solventarla.

En rueda de prensa, el secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, pidió abrir una mesa de debate transversal que, según él, se les ha negado hasta ahora, y abordar la situación "con sentido común" a través de una regulación estatal que acabe con la alegalidad, que supone la "estigmatización" de las prostitutas, y les asegure derechos laborales.

"El problema de la prostitución no son las prostitutas", afirmó Herrera, quien dijo que la regulación puede servir para luchar contra la explotación siempre que no la aborde sólo el Ministerio de Interior, sino de forma transversal. Añadió que los colectivos de apoyo a las prostitutas deben tener voz en este proceso.

Herrera le recordó a Hereu que "no vale prohibir el ejercicio en la calle y negar el debate de la regulación", aunque después matizó: "Si el alcalde Hereu considera oportuno que no haya prostitución en la calle, muy bien, pero que en paralelo se abra el debate de la regulación porque, si no, se hacen trampas".

Hereu pide prohibir la prostitución

Herrera contestaba así al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), quien pidió formalmente a la Generalidad y al Gobierno que elaboren una ley que prohíba la prostitución en la calle, para que el trabajo de los municipios y de las fuerzas de seguridad sea más eficaz ante este fenómeno.

En declaraciones a los medios en el Ayuntamiento después de la redada de la pasada noche en la Ciudad Condal, en la que fueron detenidas 16 personas -cuatro de ellas prostitutas-, Hereu no quiso entrar en el debate sobre si la prostitución se debe prohibir o regular, pero sí apuntó que podría haber consenso en la prohibición del fenómeno que tiene lugar en el espacio público.

"La actividad policial se está llevando a cabo, y es eficaz, pero lo sería mucho más si tuviéramos ese apoyo legal. No lo podemos resolver solos", dijo erigiéndose en portavoz de los municipios catalanes.

Gomá: "No a golpe de autoridad"

El socio de Hereu en el bipartito, Ricard Gomà (ICV-EUiA), apostó por abordar la prostitución con diálogo y "no a golpe de autoridad", desde las políticas de inclusión social –como hacen las entidades de apoyo a las prostitutas y el Consistorio con la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits)–, y no con las sanciones de la ordenanza del civismo.

Concretó que la regulación de la prostitución callejera debe incluir el derecho de las mujeres a la seguridad social, a la sindicación y negociación colectiva, acceso a servicios sanitarios y de formación –"porque dignifica"–, facilidades para organizarse sobre espacios y condiciones de trabajo y una fiscalidad propia, además de zonas de tolerancia.

La regulación, que debería ser estatal porque Cataluña no tiene competencias en Seguridad Social, también debe incluir a los clubes de alterne, donde consideró que deben recortarse prerrogativas de la patronal en relación a la limitación de horarios, debe asegurarse el descanso semanal y la separación del puesto de trabajo de la vivienda.

Gomà recordó que ICV-EUiA y ERC pidieron con una proposición no de ley que se abordase la regulación. También instó al Gobierno central a cumplir el Protocolo de Palermo de diciembre de 2000 y ratificado por España, que fija que el país debe acoger a las mujeres víctimas del proxenetismo y regular la prostitución.

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