Según han informado fuentes judiciales, el Ministerio Público analizará las circunstancias de todos los expedientes de abortos para separar los que siguen siendo ilegales de aquellos que podrían quedar amparados por la normativa que este lunes entró en vigor.
Desde hace casi tres años, la titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona mantiene abierta una investigación por la práctica de abortos ilegales, en algunos casos de mujeres en avanzado estado de gestación, en la clínica de Barcelona del doctor Morín, una trama que fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa.
En total, el juzgado intervino 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a abortos en la clínica Morín e imputó a Carlos Morín y a su esposa, así como a otros once colaboradores, mientras que las diligencias abiertas contra las 21 mujeres que abortaron fueron archivadas.
Algunos de los abortos practicados en la clínica, sin embargo, podrían ser legales a la luz de la ley que acaba de entrar en vigor, que permite que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.
De hecho, gran parte de los abortos practicados en la clínica Morín incumplían la ley porque no respondían a los supuestos previstos por la anterior ley -violación, riesgo para la madre o para el feto- y se habían practicado sin más requisito que la mera solicitud de la mujer, sin someterlas ni siquiera a un examen psicológico.
Posteriormente, los psiquiatras de la clínica imputados extendían los informes psicológicos correspondientes para dar cobertura legal a esos abortos.
Con la nueva ley en la mano, esos abortos no serían ilegales, y en consecuencia tampoco la actuación de los médicos que los encubrieron, por lo que el ministerio público analizará las circunstancias de cada uno de ellos para pedir a la juez su archivo, si corresponde.