El problema es no puede ocultarse. Hasta El Correo de Andalucía, propiedad del PSOE, lo dice así: "El Ministerio de Vivienda ha dejado al Gobierno andaluz a los pies de los caballos. Su Plan de VPO y su ley de vivienda perderá buena parte de los fondos públicos que provenían del Estado. El Gobierno de la nación comunicó sorpresivamente el pasado jueves en una reunión para preparar la Conferencia Sectorial, fijada el martes, que las subvenciones a las comunidades iban a sufrir un severo tijeretazo".
La Junta optó por el silencio. Pero ahora, el PP y Javier Arenas reclaman a la Junta de Andalucía que en la próxima conferencia sectorial promovida por el Ministerio de Vivienda "pelee" para que Andalucía conserve las ayudas y fondos aportados por el Estado y no sufra los "recortes" que planea dicho departamento.
Según Arenas, esta situación en vivienda prueba que los socialistas han promovido "los recortes sociales que ellos dijeron que no se producirían" con un Gobierno del PSOE.
Durante la presentación en Sevilla de una campaña sobre el derecho a la vivienda, la portavoz de Vivienda en el Parlamento de Andalucía por el Partido Popular, Alicia Martínez, explicó que el martes de la próxima semana el Ministerio de Vivienda albergará una conferencia sectorial en el que se debatirán recortes de "hasta el 15 por ciento" en esta materia. En tal encuentro, según dijo, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, "anunciará" los recortes que corresponden a cada comunidad autónoma por lo que a las ayudas y fondos estatales se refiere.
Mediante los planes del Ministerio, según Alicia Martínez, "se suprime" la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE), la "reserva de eficacia" mediante la que las comunidades gozaban de fondos en caso de alcanzar sus objetivos en materia de vivienda protegida, las ayudas del anterior Plan de Vivienda 2005-2008 que no hayan sido justificadas o las subvenciones para los promotores en la compra y urbanización de suelos destinados a viviendas protegidas.
LA JUNTA Y LAS VIVIENDAS LIBRES
También "se suprimen" las ayudas estatales a la promoción de viviendas protegidas en alquiler, toda vez que el sector ya había sufrido "recortes anteriores" en la desgravación fiscal a la hora del acceso a la primera vivienda, las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías o las subvenciones dirigidas a las familias numerosas.
A tal efecto, advirtió de que el pacto por la vivienda firmado en 2007 por Manuel Chaves cuando aún ostentaba la Presidencia de la Junta de Andalucía "se ha convertido en papel mojado", sobre todo cuando la Administración autonómica "se ha concentrado en sacar un 'stock' de más de 70.000 viviendas libres que no responden a la demanda social".
Además, recordó que el propio Gobierno andaluz ha reconocido que la Ley del Derecho a la Vivienda Protegida "no garantiza" como tal este derecho y advirtió a la ciudadanía de que los registros de demandantes de viviendas protegidas promovidas por los ayuntamientos merced a esta normativa "no garantizan el acceso a una VPO".
Por eso, reclamó a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, que en la mencionada conferencia sectorial "pelee por mantener estas ayudas", pues son "imprescindibles" para Andalucía.
El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, a la basura
El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 era un proyecto que comprometía 11.000 millones de euros de fondos públicos. Otros 7.000 millones dependían del crédito bancario. El compromiso era 300.000 VPO en una década. No hace mucho, la Junta ya admitió que el plan no iba a cumplirse sobre todo por el comportamiento de los bancos que no estaban por la labor de dar créditos si sus garantías no eran precisas. 33 bancos y cajas suscribieron un compromiso con la Junta para librar 9.550 millones de euros en crédito, pero esto no se estaba cumpliendo.
Lo que ocurre ahora es que el Estado tampoco cumple su parte lo cual es definitivo para mandar el Plan Andaluz de la Vivienda a mejor vida. De ese modo, Griñán añade otro incumplimiento a su currículum: el de la Ley del Derecho a la Vivienda digna que decía iba a garantizar una vivienda digna a los perceptores de rentas por debajo de los 3.000 euros mensuales. Tal ley fue objeto de una fabulosa operación de imagen socialista que ahora se queda en mera propaganda.