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La nueva Ley de Educación de Cataluña, lista para acabar con el castellano

La futura Ley de Educación de Cataluña ha dado el pistoletazo de salida para su aprobación por parte de PSC, CIU y ERC. Con un gran tinte nacionalista, tendrá como puntos fuertes la inmersión lingüística y el no cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir la tercera hora del castellano.

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La futura Ley de Educación de Cataluña ha dado el pistoletazo de salida para su aprobación por parte de PSC, CIU y ERC. Con un gran tinte nacionalista, tendrá como puntos fuertes la inmersión lingüística y el no cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir la tercera hora del castellano.

(Libertad Digital) Esta futura ley recibirá el apoyo del PSC, CIU y ERC. Mientras, ICV ha decidido desmarcarse por lo que consideran un apoyo desmedido a la escuela concertada, según informa La Vanguardia. Partido Popular y Ciudadanos votarán en contra, ante todo por la implantación del catalán como lengua vehicular, por la negativa a impartir la tercera hora de castellano y por la falta de libertad de los padres a la hora de elegir la lengua en la escuela.

De hecho, José Montilla ha preferido pactar los puntos fuertes de la nueva ley con CIU, en especial con Artur Mas, antes de mantener la siempre frágil estabilidad del tripartito. En este caso ha sido el socio minoritario, ICV, el que ha quedado fuera del acuerdo.

Los aspectos más polémicos de la normativa, los referentes a la lengua, se ordenarán a través de decretos según la interpretación del Ejecutivo catalán, lo que deja abierta la posibilidad a que los nacionalistas cambien a su antojo los aspectos claves.

En este sentido, el acuerdo tiene como principal punto el establecimiento del catalán como la lengua vehicular. El Estatuto catalán, pendiente de resolución por parte del Constitucional, establece el catalán como la lengua oficial en Cataluña por lo que el aprendizaje debe girar en torno a esta lengua.

Además, la normativa indica que los alumnos no podrán separarse en clases o en centros en función de su lengua habitual. De este modo, a los profesores se les exigirá el nivel de experto en catalán como requisito para poder impartir clase. Pero a pesar de todas estas restricciones al castellano, la ley pretende que al acabar la educación obligatoria, los alumnos dominen el catalán, el castellano y al menos una lengua extranjera.

Otro punto importante de la nueva Ley de Educación gira en torno a la aplicación de la tercera hora de lengua castellana en Primaria. Pues bien, en el acuerdo de PSC, CIU y ERC se dice que no se aplicará, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a ello.

Los padres que quieran que sus hijos reciban la educación en castellano deberán indicarlo en la matricula y no en la preinscripción. Pero la nueva ley también establece cuando se ofrecerá esta educación a los alumnos. "En el curso escolar en el que los alumnos inicien la primera enseñanza, los padres, madres y tutores podrán instar, en el momento de la matricula, y de acuerdo con el procedimiento que establezca el Departament, que sus hijos e hijas reciban atención lingüística individualizada en castellano, cuando esta sea su lengua habitual", dice la nueva ley.

Esta "primera enseñanza", y que sería individualizada, se produciría en los primeros cursos de parvulario mientras que para ERC sería solo el primer curso de parvulario.

Por su parte, en cuanto a los inmigrantes, la Generalidad establecerá el máximo de alumnos recién llegados y con necesidades especiales que debe asumir cada zona educativa. Los colegios concertados deberán asumir más alumnos inmigrantes. La ley fija así un "reparto equitativo" de los jóvenes extranjeros con el objetivo, según dicen, de evitar "escuelas gueto".

Otro tema polémico entre los firmantes de este acuerdo es el de las escuelas por sexos. La futura ley indica que la educación mixta tendrá una atención preferente frente a la segregada aunque indica, según La Vanguardia, que ésta podría recibir subvenciones de la Generalidad. Sin embargo, esto finalmente dependerá del Gobierno autonómico y según indican desde el PSC, principal socio del tripartito, la cosa puede ser clara: "un gobierno de izquierdas nunca lo haría". ICV dice también que "se debería haber prohibido".

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