El primer síntomas ha sido la manifestación en Andújar por la gestión de los desagües de la presa de Marmolejo, a la que culpan de las inundaciones de la zona. Segundo, la crítica del Defensor del Pueblo del plan de prevención de inundaciones. La tercera, las críticas del PP que han subrayado hace días ambos aspectos. La última, el recuerdo de las zonas inundadas en Andalucía que siguen abandonadas.
Las ayudas publicitadas por El Correo de Andalucía supone que se podrá solicitar de forma inmediata entre 2.580 y 18.000 euros para afrontar los gastos por los daños producidos. José Antonio Griñán calculó que las pérdidas en la agricultura por el temporal de lluvia y viento son "superiores sin duda a los 1.000 millones".
El Real Decreto de marzo de 2005 prevé la concesión de las siguientes subvenciones: por destrucción total de la vivienda, 15.120 euros; por daños en la estructura de la casa, 10.320 euros; en enseres, 2.580 euros; por muerte o incapacidad absoluta y permanente, 18.000 euros; por perjuicio en elementos comunes de una comunidad de propietarios, 8.000 euros; y la misma cantidad por daños en establecimientos mercantiles.
A pesar de ello, centenares de personas según El País se manifestaron ayer en Andújar (Jaén) para pedir el derribo de la presa de Marmolejo, a la que culpan de las últimas inundaciones en la zona, que obligaron a desalojar a unas 400 personas de Llanos del Sotillo. Lo curioso es que han exigido a la Junta de Andalucía la demolición de la presa, la limpieza del cauce, y que se evalúen de forma urgente los daños ocasionados en casas, cultivos y naves industriales. Al parecer, la presa fue mal construida y el alcalde del pueblo, el popular Jesús Estrella ha subrayado se llevan muchos años de peticiones de derribo de la presa y quiere aprovechar la ocasión para conseguirlo.
Por otra parte, han comenzado a surgir las críticas a la prevención de inundaciones en Andalucía. No son nuevas. En 2008, el Defensor del Pueblo denunció que la existencia de más de mil puntos negros inundables en Andalucía era responsabilidad de la Junta de Andalucía que tiene competencias para haberlos evitado y no la ha ejercido.
Y lo ha reiterado hace poco. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en su informe 'Ordenación del territorio y urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz', hecho público a finales de 2009, avisaba sobre el "aumento de riesgo ante inundaciones" experimentado en aquellos puntos señalados como más sensible por dicho plan de prevención, a causa del crecimiento urbanístico. Una situación que hizo preguntarse a los expertos "qué valor hay que darle a esta catalogación, que, además, está sin actualizar", como destaca El Mundo.
De hecho dijo: "A esta Institución, con motivo de unos años especialmente lluviosos en Andalucía, habían llegado numerosas quejas denunciando el estado de diversas infraestructuras, actuaciones urbanísticas, etc. que habían provocado avenidas e inundaciones en los cauces urbanos, con las consiguientes desgracias personales y pérdidas materiales. También nos llegaron quejas que denunciaban retrasos en las entregas de las ayudas anunciadas. Algunos de estos supuestos vamos a comentarlos a continuación" Y precisa cómo la Junta tardó casi cuatro años en redactar el Plan de Avenidas e Inundaciones, desde 1998 a 2002.
Recuerda cómo la Comunidad Autónoma de Andalucía lleva constituida más de 25 años y posee competencia exclusiva, desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1981, en materia de "Política territorial, ordenación del territorio y del litoral, urbanismo", "Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía" o "Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos".
Todas ellas con escaso resultados tangibles dado que cada vez que hay casos de temporal , como la catástrofe de Almuñécar, la realidad indica que de poco sirve la competencia. Es más, es que "la planificación urbanística aprobada por las Administraciones que deben tutelar de los principios constitucionales y normas preceptivas mencionados ha venido a elevar el nivel de riesgo".
El PP ha sido martillo pilón de las condiciones que vive Andalucía en la prevención de inundaciones y gestión de los desagües de las presas. La semana pasada Javier Arenas aludió a que "la limpieza de los ríos es fundamental, pues está teniendo un papel absolutamente decisivo en las inundaciones que se están produciendo" y pidió que la Agencia Andaluza del Agua "actúe en todo lo que significa las aguas desembalsadas, con el mayor rigor y siempre con criterios técnicos y no de otra naturaleza".
Por otra parte, Antonio Sanz , el secretario general del PP andaluz, detalló que el Gobierno andaluz "no ha cumplido" con las previsiones que tenía el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, aprobado en 2002 y con vigencia hasta 2015, que señalaba 250 puntos negros en Andalucía y 201 zonas inundables. Según dijo, dicho plan tenía una previsión presupuestaria de 1.200 millones de euros de los que 430 corresponderían a la administración autonómica y, sin embargo, la Junta ha venido "presupuestando, que no ejecutando", del orden del "diez por ciento" de la inversión, lo que significa que "no se han ejecutado las obras que tendrían que haberse llevado a cabo".
Por si fuera poco, fue la propia Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, la que detectó en octubre de 2007 un total de 1.099 puntos de riesgo por inundaciones en tramos urbanos que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de alta peligrosidad al estar en juego vidas humanas.