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Zapatero prepara un plan de choque contra la Iglesia católica

Fernández de la Vega, apoyada por Peces Barba y por el número dos de Justicia, será la encargada de sacar adelante el plan que pondrá fin a las subvenciones a las organizaciones católicas, la financiación de la Iglesia a través del IRPF y la simbología cristiana en los lugares públicos. El objetivo, según desvela El Mundo, es acabar con las “innegables ventajas y privilegios” de la Iglesia católica e imponer un Estatuto laico que iguale la religión católica al resto de confesiones minoritarias en España.

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(Libertad Digital) Fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por El Mundo ya han aclarado que Zapatero pretende imponer el plan de choque contra la Iglesia católica desde el diálogo aunque, de momento, las formaciones políticas se han enterado por la prensa de los propósitos gubernamentales. Cuenta el diario de Pedro J. Ramírez que el Gobierno ya está pidiendo informes para ultimar lo que el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, califica de “hoja de ruta para conseguir la aconfesionalidad del Estado”.
 
El número dos de Justicia es uno de los impulsores de este plan, junto con el “notable” de Zapatero, Gregorio Peces-Barba, que como “padre” de la Constitución firmó la misma aconfesionaldiad del Estado que ahora pretende “conseguir” el Gobierno del PSOE. También el diputado socialista Victorino Mayoral es uno de sus “padrinos”. Los tres ya han puesto sobre la mesa las nuevas medidas, que coordinará la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, y que afectarán a los ministerios de Economía, Justicia y Asuntos Sociales.
 
La reforma pasará por acabar con la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, eliminar las subvenciones a las organizaciones católicas, hacer desaparecer la simbología cristiana de los lugares públicos, que los profesores de religión en los colegios públicos no estén en el claustro del centro, que las clases de religión se impartan fuera del horario escolar y que los que no asistan a ellas no tengan que acudir a otra clase alternativa. Todo ello se incluirá en un “Estatuto de Laicidad” que iguale la religión católica al resto de confesiones minoritarias. Junto a todo esto, el próximo año no se prorrogarán los acuerdos Iglesia-Estado, vigentes desde 1979 sino que serán “revisados”.
 
López Guerra ya explicó en unas jornadas sobre laicidad en Cádiz que “es necesario diseñar, y el Gobierno lo está haciendo, una... digamos, hoja de ruta que nos permita llegar a una situación que nos satisface hay, a una que cumpla los mandatos constitucionales, y todo ello, naturalmente, para conseguir la aconfesionaldiad del Estado, el respeto a la libertad religiosa y la cooperación, al mismo tiempo, con las diversas religiones”. Entonces, ya criticó que “existe una posición innegable de ventaja de la confesión católica, que se deriva tanto de la tradición, como formalmente de los acuerdos con la Santa Sede de 1979”.

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