LD (Agencias) En el Tribunal Supremo de La Habana comenzaron las vistas contra varios miembros del movimiento ilegal “Todos Unidos”, como Osvaldo Alfonso Valdés y Héctor Palacios Ruiz, que afrontan penas de cadena perpetua, y sus compañeros Oscar Manuel Espinosa Chepe y Oscar Fernando Maseda, entre otros, para quienes el fiscal pide entre diez y quince años de prisión. Paralelamente, en otros dos tribunales de la capital se iniciaron los juicios contra la disidente Marta Beatriz Roque, líder de la “Asamblea para Promover la Sociedad Civil”, y contra varios miembros del “Movimiento Cristiano Liberación”, que lidera Oswaldo Payá. Todas las vistas se han celebrado a puerta cerrada, sin permitir el acceso a la prensa extranjera ni a los diplomáticos que habían solicitado estar presentes.
Las acusaciones, en la mayoría de los casos, se refieren a delitos contra “la independencia o la integridad territorial del Estado”. En los expedientes con las conclusiones provisionales de los fiscales, los miembros de “Todos Unidos” son considerados “enemigos de la nación cubana y mercenarios al servicio del Gobierno de Washington”. Se les acusa de “elevar extraordinariamente su nivel de vida, a pesar de no realizar actividades laborales socialmente útiles”, y de recibir “elevadas y frecuentes” sumas de dinero de EEUU a través de la organización “Grupo de Apoyo a la Disidencia”. Los informes les acusan de informar a la prensa “tergiversando la realidad cubana y siempre culpando de los errores e insuficiencias al Gobierno revolucionario”.
Según los documentos, algunos de ellos, como Valdés y Palacios, participaron en la elaboración del documento “Cuba: Propuesta de medidas para salir de la crisis”, en diciembre de 2002. En él se planteaba la “libre contratación de los trabajadores” y la eliminación del cobro en dólares de determinados servicios migratorios. En el caso de Palacios, los cargos incluyen el recibo de remesas por valor de 3.000 dólares, supuestamente de organizaciones estadounidenses, y comprobantes de pagos de personas “vinculadas a actividades desestabilizadoras”. Asimismo, le fueron incautadas fotos con funcionarios de la Oficina de Intereses de EEUU, computadoras, radios, mini-grabadoras, cámaras y un escáner “entregado directamente” por la oficina diplomática norteamericana.
Además, se le encontraron libros como “La hora final de Castro”, “Dengue” o “Manual de educación de Derechos Humanos” y juegos infantiles utilizados, según la acusación, “para atraer adeptos a sus malignos propósitos”. También se le incautaron disquetes con una relación detallada de las organizaciones que integran “Todos Unidos” y 351 envases de medicamentos. Por su parte, Osvaldo Alfonso Valdés está acusado de recibir “apoyo moral y material” de EEUU y de contactar con “agentes” estadounidenses, como Frank Calzón y Carlos Alberto Montaner (colaborador habitual de Libertad Digital ), que “le entregan sistemáticamente sumas de dinero y otros suministros”. Su trabajo, según los fiscales, fue “lograr la unidad de acción y pensamiento”, en especial de jóvenes, a quienes “ha facilitado literatura y orientación” para que actúen “con el propósito del Gobierno de EEUU”.
Por su parte, Espinosa Chepe está acusado, entre otras cosas, de recibir 13.360 dólares, guardar recortes de prensa sobre reuniones de representantes estadounidenses con disidentes y “otras muchas publicaciones que también transmiten una imagen distorsionada para afectar la credibilidad de nuestro país y lograr sus propósitos”.
Las acusaciones, en la mayoría de los casos, se refieren a delitos contra “la independencia o la integridad territorial del Estado”. En los expedientes con las conclusiones provisionales de los fiscales, los miembros de “Todos Unidos” son considerados “enemigos de la nación cubana y mercenarios al servicio del Gobierno de Washington”. Se les acusa de “elevar extraordinariamente su nivel de vida, a pesar de no realizar actividades laborales socialmente útiles”, y de recibir “elevadas y frecuentes” sumas de dinero de EEUU a través de la organización “Grupo de Apoyo a la Disidencia”. Los informes les acusan de informar a la prensa “tergiversando la realidad cubana y siempre culpando de los errores e insuficiencias al Gobierno revolucionario”.
Según los documentos, algunos de ellos, como Valdés y Palacios, participaron en la elaboración del documento “Cuba: Propuesta de medidas para salir de la crisis”, en diciembre de 2002. En él se planteaba la “libre contratación de los trabajadores” y la eliminación del cobro en dólares de determinados servicios migratorios. En el caso de Palacios, los cargos incluyen el recibo de remesas por valor de 3.000 dólares, supuestamente de organizaciones estadounidenses, y comprobantes de pagos de personas “vinculadas a actividades desestabilizadoras”. Asimismo, le fueron incautadas fotos con funcionarios de la Oficina de Intereses de EEUU, computadoras, radios, mini-grabadoras, cámaras y un escáner “entregado directamente” por la oficina diplomática norteamericana.
Además, se le encontraron libros como “La hora final de Castro”, “Dengue” o “Manual de educación de Derechos Humanos” y juegos infantiles utilizados, según la acusación, “para atraer adeptos a sus malignos propósitos”. También se le incautaron disquetes con una relación detallada de las organizaciones que integran “Todos Unidos” y 351 envases de medicamentos. Por su parte, Osvaldo Alfonso Valdés está acusado de recibir “apoyo moral y material” de EEUU y de contactar con “agentes” estadounidenses, como Frank Calzón y Carlos Alberto Montaner (colaborador habitual de Libertad Digital ), que “le entregan sistemáticamente sumas de dinero y otros suministros”. Su trabajo, según los fiscales, fue “lograr la unidad de acción y pensamiento”, en especial de jóvenes, a quienes “ha facilitado literatura y orientación” para que actúen “con el propósito del Gobierno de EEUU”.
Por su parte, Espinosa Chepe está acusado, entre otras cosas, de recibir 13.360 dólares, guardar recortes de prensa sobre reuniones de representantes estadounidenses con disidentes y “otras muchas publicaciones que también transmiten una imagen distorsionada para afectar la credibilidad de nuestro país y lograr sus propósitos”.