No hace muchos días algunos pensaron, quizá con demasiada candidez, que el Gobierno estaba rectificando en el proceso de rendición ante ETA. Aquellas declaraciones en las que parecía que estaba reculando tuvieron lugar poco después de que dos policías municipales estuvieran a punto de ser quemados en Bilbao. La tímida reacción que suscitó en el Gobierno de Zapatero fue un modo de parar el golpe que a la imagen del proceso –y por tanto a sus expectativas electorales– podía ocasionar ese atentado terrorista que, aunque al final quedó en nada, pudo terminar de la peor manera posible. Pero no tardaron en volver por donde solían, es decir, por el camino de la rendición ante el terrorismo de ETA, derribando todos los obstáculos que encuentran a su paso. Y el principal es algo tan imprescindible para una democracia como el Estado de Derecho.
El Gobierno ha puesto en marcha una ofensiva por tierra, mar y aire para intimidar al máximo a la Justicia de modo que sus decisiones, en lugar de ajustarse a la jurisprudencia desarrollada durante todos estos años de lucha contra el terrorismo, se ajusten a las necesidades políticas del guión de Zapatero. Con el apoyo de los medios de comunicación amigos y las malas artes del Fiscal General del Estado, llevan meses torpedeando a los jueces con el mensaje de que la ley, la aplicación de la ley, no puede entorpecer la negociación con ETA. Dicho de otra forma, están diciendo que, ante la rendición, el Estado de Derecho debe pasar a un segundo lugar. El presidente del Gobierno ha vuelto a ponerlo de manifiesto en el Congreso cuando ha justificado la actitud de Cándido Conde Pumpido "en la interpretación que está haciendo de la ley".
Zapatero está respaldando así, en un gesto poco presentable en una democracia, a todos aquellos magistrados que cierran los ojos y, por el bien de un proceso impresentable, miran hacia otra parte para no poner "inconvenientes" a las necesidades del Gobierno ante las exigencias de la banda terrorista ETA.
Ejemplos en estas últimas horas no han faltado. El grupo musical Sociedad Alkoholica, que en sus letras hace apología del terrorismo, ha sido absuelto; el etarra Aitor Herrera ha sido también absuelto pese a haberse autoinculpado de un atentado terrorista; la decisión del Supremo sobre la pertenencia a la banda de distintas organizaciones juveniles etarras se ha dejado para enero y, además, el Fiscal General del Estado dice que no hay pruebas que confirmen que las herriko tabernas pertenecen a Batasuna. En definitiva, el mundo al revés.
Cuando un Gobierno pasa por encima de la ley, cuando un Gobierno acomoda la ley para ajustarla a unos objetivos políticos se está destruyendo la misma base de la democracia. Y eso es justo lo que está haciendo Zapatero.
