El departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho ha decidido atacar a los empresarios por escrito y en su propia página web, con un duro comunicado contra la patronal CEOE. La razón: al Gobierno no le ha gustado que el sector privado (el único que crea empleo productivo) reclame una reforma laboral que frene el ritmo de destrucción de empleo.
Trabajo explica que el presidente de la organización empresarial, Gerardo Díaz Ferrán, "fue incapaz de explicar", en la cena celebrada el pasado miércoles con en Moncloa, "las razones por las que no aceptaba el documento que sí habían consensuado ya sindicatos y Gobierno".
"Sin argumento alguno que ofrecer para justificar su negativa, los representantes de la CEOE se comprometieron a enviar un documento alternativo a los sindicatos y al Gobierno el jueves a las doce del mediodía", dice el comunicado.
Trabajo se queja de que el documento de la patronal llegara a las siete de la tarde, "con lo que se imposibilitaba de facto la celebración de una reunión".
Pero lo que realmente "ha causado un profundo malestar en el Gobierno es el contenido de la propuesta que, no solo no respeta las líneas rojas en las que se basaba todo el proceso de diálogo, sino que por ejemplo exigen que los trabajadores no tengan posibilidad de defensa jurídica en caso de despido".
El departamento que dirige Celestino Corbacho no explica a qué propuesta se refiere, ya que en el texto de CEOE no se realiza la petición que critica Trabajo. El Gobierno llega a afirmar que los empresarios "no sólo quieren despidos más baratos, sino despidos libres", otra falacia más.
"El Gobierno ha convocado a sindicatos y a empresarios a una reunión el viernes por la tarde en la que se intentará que los empresarios expliquen a que se debe su cambio de actitud, al exigir unas medidas que en ningún caso y por distintas razones, ni el Gobierno ni los sindicatos pueden admitir".
La patronal se defiende
El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios y vicepresidente de la CEOE, Severino García Vigón, asegura en la escuela de verano de La Granda, en Gozón (Asturias) que el documento presentado por la patronal para concertación social "está siendo malinterpretado torticeramente con mentiras" porque "en ningún momento se pide el despido libre".
El documento propuesto por el Gobierno "era inasumible porque iba en contra de los empresarios, sin ninguna propuesta para salir de al crisis". En opinión de García Vigón, cuando se habla de la Seguridad Social "hay un olvido importante, y es que el Gobierno no regala nada porque esos costes lo pagan los empresarios y los trabajadores".
El vicepresidente de la CEOE añade al respecto que "durante muchos años, la Seguridad Social ha tenido superávit y se aplicaba a cuadrar las cuentas del Gobierno, por lo que no vamos a discutir sobre dinero que no es de ellos".
Los empresarios esperan "reformas, no dinero", y hasta que no se llegue a un acuerdo la CEOE "no se va a levantar de la mesa", ha subrayado
La propuesta de CEOE
La negociación del diálogo social tiene visos de romperse a la vista de la reacción de los sindicatos al último documento de la patronal, que les ha llegado a lo largo de esta tarde.
En el documento, la CEOE responde al último borrador del Gobierno y asegura que las arcas públicas podrían disponer de 15.302 millones de euros para asumir una rebaja de las cotizaciones empresariales de cincos puntos, un recorte que se ha convertido en el principal escollo de la negociación.
Además, propone abrir una segunda fase de diálogo social desde el 1 de septiembre para abordar reformas estructurales, como la laboral.
La CEOE asegura que el margen presupuestario para la rebaja de cotizaciones podría obtenerse con recuperar el "exceso" de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el período 2002-2009 (3.999,26 millones de euros), así como aplicar la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006 (2.908 millones de euros en 2009).
Asimismo, la CEOE también suma a ese propósito los 3.800 millones adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de las mutuas, y los 4.595,63 millones de dotación al Fondo de Garantía Salarial.
Además, argumenta que la reducción de cotizaciones permitiría crear más empleo y mantenerlo, lo que sumado al ahorro en las prestaciones por desempleo, incluso "representaría para el conjunto del Estado un ahorro".
El documento de 16 páginas matiza el último borrador remitido por el Gobierno a la mesa del diálogo social, en el que el Gobierno mantiene como última oferta la posibilidad de reducir esas cotizaciones en 1,5 puntos. Según el Ejecutivo, la medida tiene un coste de cerca de 5.000 millones de euros, una barrera que el Ejecutivo no puede superar para no poner en peligro el sistema de las pensiones.
Los sindicatos han hecho una primera valoración del texto y consideran que la propuesta es "impresentable" e incluso "más dura" de lo que se había propuesto ahora. En cualquier caso, UGT y CCOO analizarán este jueves el documento en una reunión conjunta.
Sobre el segundo de los temas que ha centrado la negociación, el pago de 420 euros a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo y carezcan de rentas, CEOE asegura que es necesaria esa protección, pero no se pronuncia sobre el plazo de vigencia cantidad.
El Gobierno propone en su tercer borrador, del 13 de julio, que sea de seis meses, prorrogable a otros seis, dependiendo de la situación económica y para "nuevos destinatarios", mientras que los sindicatos quieren que sea de un año desde el principio.
De la reforma laboral, así como otras estructurales, la patronal dice que a partir del 1 de septiembre es necesaria una "segunda fase" de negociación, que abarque asuntos como la contratación, la flexibilidad interna de las empresas o la reforma de la negociación colectiva.
Los empresarios piden diferenciar las causas de extinción entre las que son imputables a la empresario y las que no lo son. También proponen negociar la mejora de la flexibilidad interna de las empresas en los despidos objetivos y solicitan la simplificación de los procedimientos administrativos en materia laboral y un mecanismo de flexibilidad para el contrato a tiempo parcial.
En materia fiscal, demandan que la propuesta de Zapatero de reducir en cinco puntos el Impuestos de Sociedades a las pymes sea durante tres años -frente a los dos ofrecidos por el Gobierno-.