Casimiro García Abadillo desvela en El Mundo el Pliego de Cargos del Banco de España elaborado por Lucinda Claver (instructora) y María Ortega (instructora adjunta), fechado el 20 de julio, sobre la gestión de Caja Castilla-La Mancha.
Los cargos son demoledores. Según dicho informe, de 37 folios, CCM habría cometido dos infracciones muy graves y una grave que podrían llevar a la revocación de la autorización a la entidad para volver a operar; es decir, a la desaparición de la Caja como tal.
La tres infracciones, explica García Abadillo, podrían representar una multa de 390.000 euros (150.000 euros por cada una de las infracciones graves y 90.000 por la infracción grave), además de la inhabilitación para ejercer cargos de administrador o director de cualquier entidad de crédito por un periódico de hasta diez años. Además de una amonestación pública.
En el centro de todas las sanciones Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de la entidad, y los otros 19 consejeros de la Caja.
Según la inspección del Banco de España, "Hernández Moltó se ha extralimitado en sus funciones". Y se explica: "el presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección... realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuentemente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsabilidades territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales".
Entre las acusaciones del Banco de España, recogidas en el pliego, destacan, por ejemplo, que "no existe ningún documento donde se recojan las líneas generales de las políticas de inversión de CCM".
Además, "la Comisión de inversiones no ha velado por el cumplimiento de los objetivos... al no existir planes estratégicos con que tratar tal adecuación":
Sobre el caso del aeropuerto de Ciudad Real (CR Aeropuertos, S.L.), advierte que "se llevaron a cabo tres ampliaciones de capital sin el visto bueno de la Comisión de Inversiones".
Ante éstas y otras muchas irregularidades es la titular de Economía, Elena Salgado, la que tiene que tomar una decisión. Explica García Abadillo que la decisión sobre la revocación de la autorización para operar de la entidad le corresponde directamente al Consejo de Ministros.
El organismo detecta, asimismo, un exceso en los límites de grandes riesgos en empresas del propio grupo (270 millones de euros, el 37,6% de los recursos propios de CCM) o los contraídos con entidades vinculadas a la Junta (casi 279 millones, el 37,17% de los recursos propios), lo que podría conllevar una infracción grave.
Además, la Caja no disponía de recursos propios mínimos a diciembre de 2008 y los remitidos por la entidad en marzo de 2009 no habían tenido en cuenta los ajustes requeridos por la inspección del Banco de España, situándose su coeficiente de solvencia en el 1,23% frente al 8% exigible y un déficit porcentual cercano al 85%.
Estos hechos, según el informe, podrían ser constitutivos de una infracción "muy grave", lo que podría derivar en la "revocación de la autorización de la entidad" por parte del ministerio de Economía, además de una multa a CCM del 1% de sus recursos propios o de hasta 300.000 euros si el porcentaje fuera inferior a esa cifra.
Para los miembros del Consejo se establecen para las infracciones muy graves multas de hasta 150.000 euros para cada uno de ellos, inhabilitación para ejercer cargos similares en otras entidades por un periodo de hasta diez años, mientras que por falta grave se establecen 90.000 euros e inhabilitación de hasta un año.