El Gobierno de facto de Honduras suspendió durante 45 días las garantías constitucionales, según un decreto que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
El decreto ordena, además, el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas sospechosas. La medida fue aprobada el 22 de septiembre por Micheletti en consejo de ministros y publicada el sábado pasado en La Gaceta oficial.
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció en declaraciones a Radio Globo que ese decreto es "una barbaridad que indigna, que molesta", e hizo un llamamiento al Parlamento para que lo suspenda y que sus diputados "escuchen el diálogo" que él ha propuesto para resolver la crisis política que vive Honduras.
Reciprocidad del Gobierno de Honduras
También el Ejecutivo de Micheletti impidió el ingreso en el país de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dos de la Embajada de España. Según las autoridades, se impidió el ingreso de los funcionarios porque "no era este el momento procesal oportuno" y ya estaban advertidos, aunque informaron de que a uno de ellos se le permitió entrar en Honduras.
El canciller del Gobierno, Carlos López, informó en rueda de prensa de que la Embajada de Brasil perderá su estatus diplomático en 10 días si no define la situación en que se encuentra Zelaya, que el pasado lunes apareció en ella al regresar al país casi tres meses después de su derrocamiento. "El privilegio (de Brasil) de tener una misión en Honduras se acaba en 10 días por reciprocidad, pero eso no es un elemento como para decir que el señor Zelaya se queda en la calle o que queda abierto para una intervención para capturarlo", indicó.
López hizo esas declaraciones después de que anunciara que el Ejecutivo de Micheletti no recibirá a los embajadores de España, Argentina México y Venezuela. López aseguró que los 10 días no son un ultimátum sino "un plazo de cortesía".