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Un informe del Congreso de EEUU: no hubo "golpe de Estado" en Honduras

Mientras en Honduras ha comenzado ya el diálogo para encontrar una salida a la crisis, el servicio de investigación de la Biblioteca del Congreso de EEUU ha elaborado un informe en el que concluye que la destitución de Zelaya fue totalmente legal y constitucional, aunque no su expulsión del país.

LIBERTAD DIGITAL / MHH
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Mientras en Honduras ha comenzado ya el diálogo para encontrar una salida a la crisis, el servicio de investigación de la  Biblioteca del Congreso de EEUU ha elaborado un informe en el que concluye que la destitución de Zelaya fue totalmente legal y constitucional, aunque no su expulsión del país.
Zelaya sigue manteniendo su discurso en la embajada de Brasil. | EFE

El congresista republicano Aaron Schock ha hecho público un informe del servicio de investigación de la Biblioteca del Congreso de EEUU en el que se analiza cuidadosamente las causas de la salida de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras el pasado 28 de junio.

En términos generales, en este documento se concluye que lo que ocurrió en Honduras no fue en ningún caso un "golpe de Estado", tal y como la gran mayoría de medios de comunicación lo han calificado, y que la destitución de Manuel Zelaya al frente de la presidencia fue totalmente legal y de acuerdo con la Constitución hondureña.

Al presentar el documento, Schock señaló que "el apolítico servicio de investigación del Congreso ha concluido que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar eso". Además, el congresista hizo un llamamiento al Gobierno de Micheletti pidiendo un "amnistía general" para todos los involucrados, incluido Manuel Zelaya. Agregó que con eso "tanto Zelaya como sus seguidores tendrán que respetar la ley y no llamar a la insurgencia o provocar violencia".

El informe –que fue preparado por la especialista en Derecho Norma Gutiérrez– apunta que "a diferencia de los EEUU, el Congreso de Honduras tiene la última palabra cuando se trata de interpretar la Constitución" y agrega que "además, tiene la potestad de condenar al presidente y reemplazarlo en una situación en la que no es capaz de cumplir con sus obligaciones".

Además, señala que la Corte Suprema estaba en perfecto derecho de pedir a los militares que arresten a Zelaya. "Esta corte superior, que tiene competencia constitucional para juicios contra el presidente y otros funcionarios de alto rango, también reconoció la destitución de Zelaya por parte del Congreso", subraya.

Sin embargo, el informe también critica las formas de lo que ocurrió el 28 de junio. Dice que "los militares no actuaron correctamente en la extradición forzada de Zelaya y apunta que las autoridades están investigando su propia decisión que el Ejército justificó para no provocar un derramamiento de sangre". De hecho, insiste, "Zelaya debió ser llevado a juicio y condenado por buscar una reelección ilegal".

Por último, el informe termina apuntando que la sucesión de Zelaya se realizó correctamente ya que no existía vicepresidente –Elvin Santos dimitió para poder presentarse como candidato por el Partido Liberal– y por eso Micheletti fue correctamente elegido ya que era presidente del Congreso.

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