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IU Andalucía se suma con los sindicatos a la "rebeldía y a la huelga general"

El coordinador andaluz de IU ha asegurado que ya no hay excusas para promover una gran movilización contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno, y ha llamado a la "rebeldía y a la huelga general" contra el "robo de Zapatero"

Diego Valderas ha coincidido con el sindicato independiente CSI-CSIF en proponer una huelga general. Después de que el Gobierno español anunciara este miércoles una rebaja de los sueldos de los empleados públicos este año y su congelación el que viene, la retirada de las ayudas por nacimiento de hijos a partir de 2011, y que el próximo ejercicio dejará de subir las pensiones contributivas, IU-LV-CA habla de un "ataque sin precedentes al bolsillo" de los trabajadores y de los pensionistas.

Diego Valderas ha calificado en rueda de prensa de "impropias, injustas e insolidarias" la decisiones de un Gobierno que "dice que es socialista", ha denunciado que se trata "claramente de robar a los más débiles para permitir que los más fuertes sigan robando" y de un "mazazo" a la mayoría social de este país.

El dirigente de IU asegura que cada vez "nos parecemos más" a Grecia y que las decisiones de Rodríguez Zapatero implican "pedir esfuerzo a los de siempre y no a los que han creado la crisis", lo que ha denominado como la salida "neoliberal y de derechas" a la recesión.

"Se recortan los servicios públicos, la ley de dependencia, se congelarán las pensiones. Y se anuncia cuando el Gobierno y la Junta dicen que la economía empieza a crecer..., pues empezará a crecer para los botines (por Emilio Botín, presidente del Banco de Santander)", ha expuesto.

También ha rechazado la "reducción" de las inversiones públicas y que se sitúe en la "insolvencia" a los ayuntamientos, con lo que Valderas sostiene que lo que "único que queda es hacer un llamamiento a la rebeldía, a la huelga general para parar al feroz lobo del capitalismo en el que se ha situado Zapatero", añade.

El también portavoz parlamentario de IU interpelará este viernes en la sesión de control al Ejecutivo del Parlamento al presidente andaluz, José Antonio Griñán, al que exigirá que aclare dónde "meterá la tijera en Andalucía y que deje de mentir o que dimita".

"Aquí, en la comunidad, la situación es más difícil y más preocupante. Las pensiones y los salarios son menores, el nivel de paro es mayor y el nivel de dependencia es mayor", ha advertido Valderas.

En su opinión, ante el "ataque brutal" que va a sufrir la mayoría de la sociedad española, los sindicatos "ya no tienen excusas" para tratar de articular una "gran movilización de la izquierda política y sindical", sentencia el portavoz.

"Se trata de un ataque al pilar de la clase obrera por defender al capital", ha enfatizado, al tiempo que ha criticado la negativa del Gobierno del PSOE a tomar medidas contra el fraude fiscal y la economía sumergida, propuesta de IU a las que han hecho "caso omiso".

Por su parte, CSI-CSIF rechaza totalmente las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, por considerarlas graves, injustas y evitables.

Graves, por incumplir el acuerdo de septiembre del 2009 que buscaba mejorar el Servicio Público que reciben los ciudadanos y donde ya aceptábamos una moderación salarial.

Injustas, porque una vez más somos los empleados públicos sobre los que hacen recaer las culpas y los costes de la crisis y de unas políticas derrochadoras de todas las Administraciones. Cargan el peso de la reducción del déficit en los Empleados Públicos: de los 5.000 millones de recorte del 2010, 3.500 millones son asumidos por los Empleados Públicos, muchos de los cuales tienen salarios que escasamente superan los 1.000 euros mensuales. Y que los años de bonanza económica nunca se tradujeron en mejoras salariales, para ellos.

Además, son evitables porque, antes de pedir esfuerzo a los Empleados Públicos y si de verdad quieren acabar con el déficit en el gasto público "que cesen al 90 por ciento de los miles y miles de asesores del Estado, de las Comunidades, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos. Asesores con sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su labor.

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