Así lo ha acordado el magistrado Antonio Pedreira en la resolución en la que se inhibe de la parte de la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la adjudicación en 2002 de las obras de la variante de una autovía en la localidad leonesa de Olleros de Alba a una empresa que presuntamente pagó comisiones a varias personas.
Entre ellas, según Pedreira, figuran el propio Fernández Santiago, entonces consejero de Fomento del Gobierno castellano-leonés; así como el supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.
En la resolución judicial el magistrado del TSJM estima que desde la Consejería de Fomento de dicha comunidad autónoma, dirigida desde 1991 hasta 1999 por Fernández Santiago, "se ha incurrido en diversas irregularidades vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia". Según las pesquisas de la Policía Judicial la orden de inicio de este expediente irregular partió del dirigente popular. Además, éste habría recibido además 18.000 euros por parte de uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo.
La supuesta ilegalidad se detectó a raíz de unos documentos incautados a José Luis Izquierdo, el contable de la red corrupta. Dichos informes reflejan que se distribuyeron 60.000 euros por parte de Francisco Correa y que se repartieron entre Fernández, Merino, Galeote, Bárcenas y el propio Correa.
Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, las siglas de T.O y TO corresponden al presidente del Parlamento castellano manchego, a quien en el mundo periodístico se le conoce con el apodo de Toti.
Ante dichos datos, el magistrado señala que "en la causa existen indicios bastantes del cobro de una comisión por parte de Luis Bárcenas, Jesús Merino, Gerardo Galeote, José Manuel Fernández Santiago y Francisco Correa derivadas de la adjudicación ilegal del proyecto de la Variante de Olleros a la mercantil Teconsa". También habría participado en estos hechos los responsables de esta sociedad que hubieran efectuado el paso de las cantidades de dinero así como José Luis Izquierdo, "todo ello sin perjuicio de lo que resulte tras el avance de la instrucción".
A partir de este momento, el órgano judicial encargado de investigar estos hechos delictivos será la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.