Las críticas a las excavaciones arqueológicas para encontrar los huesos de Miguel de Cervantes recuerdan a las agrias censuras que sufrieron trabajos similares en otras épocas. Los motivos han sido variados: desde los celos profesionales o la búsqueda de protagonismo hasta las injerencias políticas y religiosas. Por eso, no resulta raro que el filólogo Francisco Rico, que llegó a decir que el Quijote era "casi el libro nacional de Cataluña", y que lo editó diciendo que "Cervantes no ponía ni puntos ni comas por casualidad", que "él escribió toda su vida Cervantes con be!", que el título de la obra era otro, y que se alegraba de haber corregido el libro, ya que "¡Cervantes lo hubiera hecho peor!", se moleste –"ni urnas ni leches"– porque unos científicos se empeñen en buscar los restos de Cervantes. Rico alega, y he aquí el sarcasmo, que debe respetarse la última voluntad del autor. Ya.
La actitud de Rico recuerda a situaciones añejas contra el conocimiento científico. El problema de la ciencia en España ha sido, y es en gran medida, que no ha estado vinculada a la industria privada y que ha dependido de la financiación pública. La situación se agravó porque el Estado no dedicó dinero a la investigación y, además, estuvo limitado por una institución entonces contraria a la ciencia: la Iglesia católica. De esta manera, durante decenios no fue un debate científico sino un enfrentamiento entre fe y ciencia.
La revolución científica que se produjo en Europa en el XIX no tuvo en España el mismo eco. A las cuitas personales y la soledad financiera se unió el conflicto religioso. El Concordato de 1851 con la Santa Sede estableció el derecho de los prelados a la inspección de todos los niveles de la enseñanza. En su artículo 2º decía:
La instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica.
El mal realizado por el papa Pío IX y su encíclica Quanta Cura (1864), acompañada por el Syllabus de errores, que condenaba el liberalismo, no fue fácil de reparar. Generó un conflicto universitario en 1865 y 1875, y retrasó la implantación de las ciencias modernas en España, así como la adaptación de nuevos paradigmas y técnicas científicas. La condena de ciencias que ponían en cuestión la doctrina de la Iglesia en cuanto a la aparición del hombre y su evolución frenó la creatividad española. Es conocido el movimiento creacionista contra Darwin, cuando sostener que la Biblia no era científica en su relato del origen del Hombre, de las civilizaciones antiguas o de acontecimientos como el Diluvio Universal conducía al ostracismo. Es más: la enseñanza del evolucionismo en las aulas universitarias se saldó con la expulsión de profesores.
La arqueología estuvo entre esas ciencias malditas o condenadas. Mientras algunos científicos españoles se limitaban a copiar libros publicados en otros países, y a dar clases sin salir de la ortodoxia, otros, libres de prejuicios, hacían trabajo de campo para aprender. Claro que la crítica estaba servida:
La ciencia antropológica, cuando está dirigida por libre-pensadores, tiene un objeto especial: el de combatir la verdad católica de la unidad del género humano, y por consiguiente, el dogma del pecado original, el dogma de la Redención y el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
No todos eran así, por supuesto, y hubo científicos que supieron combinar su fe y su ciencia, como Juan Catalina García Lopez, que fue director del Museo Arqueológico Nacional entre 1900 y 1911, o fray Zeferino González, que incluyó la prehistoria en los planes de estudio. No así otros, como Menéndez Pelayo, que aseguraba que no había teoría ni hipótesis geológica y antropológica que no se invocara "contra la narración mosaica".
La ciencia, y solo ella, dirá con el tiempo si los restos encontrados en Madrid pertenecen a Cervantes. Sin embargo, tan importante es hallarlo como buscarlo, porque el conocimiento científico es un camino plagado de errores y aciertos, pero ese trayecto hay que andarlo.