(Libertad Digital) Con esta recomendación, el documento de mínimos que prepara la Comisión del Pacto pretende alargar la vida laboral de los españoles. Además, esta cuestión es acorde a la recién aprobada Ley de Jubilación Flexible, que, entre otras cuestiones, pretende fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral de los mayores. Los componentes de la Mesa y Portavoces de la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo, que permanecieron reunidos durante casi cinco horas en una de las dependencias del Congreso de los Diputados, acordaron también revisar las pensiones de viudedad en los casos en los que supongan la única fuente de ingresos. Aunque la fijación económica de las mismas será responsabilidad del Gobierno y de los agentes sociales, que serán quienes determinen dicha cuantía. También se tendrá en cuenta la renta o la situación laboral del receptor de la pensión.
Otras fuentes, como explica el diario Expansión , explican que en realidad no se va a modificar nada por las presiones de los sindicatos, especialmente de UGT, y la proximidad de la batería de elecciones desde octubre hasta marzo de 2004, por lo que será el próximo ejecutivo del Gobierno el que debería hacer frente a la reforma. Este periódico insiste en que la cuestión principal a reformar no se va a tocar. Es decir, la reforma del cálculo de la vida laboral que en la actualidad se encuentra en los quince años no se va a prolongar, por el momento, a todas la vida laboral, como es tendencia en todas las reformas que se están realizando en Europa, tal y como recomiendan las autoridades monetarias euroopeas.
En cuanto a los nuevos acuerdos relativos a las pensiones de viudedad, vendrían a significar que la cantidad a percibir se calculará en función de si el beneficiario tiene una renta elevada o se encuentra en situación de desempleo, entre otros factores. En la actualidad, la prestación es igual para todas las personas, independientemente de la situación económica en la que se encuentren. Según publica ABC , los integrantes del Pacto acordaron también instar al Gobierno a revisar la incompatibilidad existente entre la pensión de viudedad y el Seguro Obligatorio de Vejez (SOVI), por el que reciben 285 euros mensuales. En esta situación se encuentran actualmente alrededor de 330.000 mujeres. En la actualidad, cuando una receptora del SOVI se queda viuda está obligada a elegir entre esta prestación y la pensión de viudedad que le quede por su cónyuge fallecido. De acuerdo con los cálculos realizados por las fuerzas políticas, hacer compatibles las dos prestaciones tendría un coste anual de 54 millones de euros, según la agencia de prensa Servimedia .
La Mesa de Portavoces del Pacto tiene previsto reanudar las reuniones el próximo miércoles. Aunque el documento se encuentra bastante avanzado, todavía quedan algunos asuntos pendientes de redactar, entre ellos, el que hace alusión al cómputo de la pensión. Otro de los asuntos polémicos que aún está por resolver es la participación de las Comunidades autónomas en la gestión de la Seguridad Social.
Otras fuentes, como explica el diario Expansión , explican que en realidad no se va a modificar nada por las presiones de los sindicatos, especialmente de UGT, y la proximidad de la batería de elecciones desde octubre hasta marzo de 2004, por lo que será el próximo ejecutivo del Gobierno el que debería hacer frente a la reforma. Este periódico insiste en que la cuestión principal a reformar no se va a tocar. Es decir, la reforma del cálculo de la vida laboral que en la actualidad se encuentra en los quince años no se va a prolongar, por el momento, a todas la vida laboral, como es tendencia en todas las reformas que se están realizando en Europa, tal y como recomiendan las autoridades monetarias euroopeas.
En cuanto a los nuevos acuerdos relativos a las pensiones de viudedad, vendrían a significar que la cantidad a percibir se calculará en función de si el beneficiario tiene una renta elevada o se encuentra en situación de desempleo, entre otros factores. En la actualidad, la prestación es igual para todas las personas, independientemente de la situación económica en la que se encuentren. Según publica ABC , los integrantes del Pacto acordaron también instar al Gobierno a revisar la incompatibilidad existente entre la pensión de viudedad y el Seguro Obligatorio de Vejez (SOVI), por el que reciben 285 euros mensuales. En esta situación se encuentran actualmente alrededor de 330.000 mujeres. En la actualidad, cuando una receptora del SOVI se queda viuda está obligada a elegir entre esta prestación y la pensión de viudedad que le quede por su cónyuge fallecido. De acuerdo con los cálculos realizados por las fuerzas políticas, hacer compatibles las dos prestaciones tendría un coste anual de 54 millones de euros, según la agencia de prensa Servimedia .
La Mesa de Portavoces del Pacto tiene previsto reanudar las reuniones el próximo miércoles. Aunque el documento se encuentra bastante avanzado, todavía quedan algunos asuntos pendientes de redactar, entre ellos, el que hace alusión al cómputo de la pensión. Otro de los asuntos polémicos que aún está por resolver es la participación de las Comunidades autónomas en la gestión de la Seguridad Social.