LD (EFE) La juez Palacios investiga desde el pasado mes de julio una denuncia de la Fiscalía por un presunto fraude en las subvenciones europeas a los cursos de formación continua de la FORCEM cuyo monto se estima "en no menos de cien millones de euros", de los más de 600 millones concedidos por la Unión Europea (UE) el año pasado. Este jueves, la magistrada mantuvo una reunión con la Fiscalía y los agentes de la Policía encargados del caso, quienes aseguraron que el supuesto fraude es de dimensiones "incalculables por el momento" y que la investigación podría llevarles hasta tres años de trabajo y obligar a reforzar el juzgado.
Sólo en 2001, periodo al que se refiere la denuncia interpuesta, se subvencionaron un total de 159.000 cursos con dos millones de alumnos, "la mayor parte de los cuales no se llevaron a cabo". Los métodos utilizados en el presunto fraude iban desde la falsificación de las firmas de los alumnos en las listas de asistencia hasta la creación de empresas "ad hoc", sin actividad ni empleados, para solicitar las subvenciones, que se concedían de manera casi automática mientras había disponibilidad de fondos comunitarios.
La Policía ha comenzado por tomar declaración a decenas de alumnos y profesores de los cursos supuestamente fraudulentos, y la juez empezará en breve a citar como imputadas a las personas en relación con las cuales aparezcan indicios de responsabilidad por haber solicitado subvenciones o coordinado o impartido cursos. La investigación se circunscribe a las subvenciones concedidas en 2001 porque, hasta esa fecha, la fiscalización de estos cursos correspondía al Tribunal de Cuentas y no al INEM, y las presuntas irregularidades detectadas se tramitaban siempre por la vía contencioso-administrativa.
Sólo en 2001, periodo al que se refiere la denuncia interpuesta, se subvencionaron un total de 159.000 cursos con dos millones de alumnos, "la mayor parte de los cuales no se llevaron a cabo". Los métodos utilizados en el presunto fraude iban desde la falsificación de las firmas de los alumnos en las listas de asistencia hasta la creación de empresas "ad hoc", sin actividad ni empleados, para solicitar las subvenciones, que se concedían de manera casi automática mientras había disponibilidad de fondos comunitarios.
La Policía ha comenzado por tomar declaración a decenas de alumnos y profesores de los cursos supuestamente fraudulentos, y la juez empezará en breve a citar como imputadas a las personas en relación con las cuales aparezcan indicios de responsabilidad por haber solicitado subvenciones o coordinado o impartido cursos. La investigación se circunscribe a las subvenciones concedidas en 2001 porque, hasta esa fecha, la fiscalización de estos cursos correspondía al Tribunal de Cuentas y no al INEM, y las presuntas irregularidades detectadas se tramitaban siempre por la vía contencioso-administrativa.