L D (EFE) El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, explico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la adjudicación del contrato para realizar la campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones ha cumplido "escrupulosamente" el procedimiento legal establecido.
Respondía así a preguntas de los informadores sobre la denuncia hecha por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. El denunciante dice que, según el BOE, esta campaña se adjudicó directamente y "sin concurso" a la empresa Carat España, presidida por el ex Secretario General de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez, por 7,2 millones de euros.
El titular de Trabajo dijo que "no es verdad que el contrato se haya adjudicado a dedo", sino todo lo contrario, ya que se ha actuado "con pulcritud", al seguir el procedimiento marcado por la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, que establece que se soliciten como mínimo tres ofertas distintas. Según Zaplana, en este caso se pidieron seis y se recibieron cinco, todas las cuales reunían las condiciones establecidas por la ley, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social fue el responsable de la elección, que tuvo fiscalización previa por parte de la Intervención.
El ministro opinó que la denuncia de Llamazares "sólo puede deberse al desconocimiento total y absoluto de la legislación administrativa y de los mecanismos de contratación" Se preguntó dónde está la polémica en torno a esta cuestión, dado que se ha cumplido la legalidad y reiteró que no ha habido "decisiones discrecionales a favor o en contra de ninguna empresa, la presida quien la presida, la dirija quien la dirija". De hecho, apuntó que no entiende por qué hay que descartar del concurso a una empresa por el hecho de que la presida una persona que ha estado en el Gobierno y en el PP.
El ministro afirmó que "desde el principio se notó que a los partidos de la oposición les había molestado esta campaña" y consideró que les genera "tensión, miedo e incluso enfado" que se cuente "la verdad, lo que se está haciendo".
Respondía así a preguntas de los informadores sobre la denuncia hecha por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. El denunciante dice que, según el BOE, esta campaña se adjudicó directamente y "sin concurso" a la empresa Carat España, presidida por el ex Secretario General de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez, por 7,2 millones de euros.
El titular de Trabajo dijo que "no es verdad que el contrato se haya adjudicado a dedo", sino todo lo contrario, ya que se ha actuado "con pulcritud", al seguir el procedimiento marcado por la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, que establece que se soliciten como mínimo tres ofertas distintas. Según Zaplana, en este caso se pidieron seis y se recibieron cinco, todas las cuales reunían las condiciones establecidas por la ley, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social fue el responsable de la elección, que tuvo fiscalización previa por parte de la Intervención.
El ministro opinó que la denuncia de Llamazares "sólo puede deberse al desconocimiento total y absoluto de la legislación administrativa y de los mecanismos de contratación" Se preguntó dónde está la polémica en torno a esta cuestión, dado que se ha cumplido la legalidad y reiteró que no ha habido "decisiones discrecionales a favor o en contra de ninguna empresa, la presida quien la presida, la dirija quien la dirija". De hecho, apuntó que no entiende por qué hay que descartar del concurso a una empresa por el hecho de que la presida una persona que ha estado en el Gobierno y en el PP.
El ministro afirmó que "desde el principio se notó que a los partidos de la oposición les había molestado esta campaña" y consideró que les genera "tensión, miedo e incluso enfado" que se cuente "la verdad, lo que se está haciendo".