LD (EFE) La tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 1.600 inversores, dilucidará si, finalmente, el tribunal imputa o no a antiguos altos cargos de la CNMV y el Gobierno, tal y como reclamaban más de una veintena de acusaciones particulares y populares, a pesar de la oposición del Ministerio Público, que no quiere más dilaciones en esta vista.
La intención de buena parte de las acusaciones es buscar, a través de estas imputaciones, la responsabilidad civil del Estado, aspiración rechazada por varios autos de la Audiencia Nacional, ya que, hasta el momento, la juez de instrucción Teresa Palacios sólo ha visto responsabilidad civil subsidiaria en las entidades Caja Madrid Bolsa y La Caixa, dos de cuyos empleados figuran entre los catorce acusados por apropiación indebida y falsedad documental.
Además, este lunes el tribunal se pronunciará sobre las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, precisamente por la juez Palacios, quien inició hace más de seis años la investigación tras la intervención de la sociedad por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
También este lunes, comparecerá previsiblemente el principal acusado de Gescartera, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide más de once años de cárcel por articular presuntamente la trama que provocó un agujero patrimonial en la agencia de valores por más de 50 millones de euros.
Varias acusaciones han solicitado información sobre varios inmuebles adquiridos e hipotecas relacionadas con Camacho, descubiertas durante los últimos meses, que podrían pasar a engrosar la lista de activos que posibilitarán al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ejecutar la responsabilidad civil del caso Gescartera.
La defensa de Camacho, encabezada por el abogado Miguel Bajo, mantiene que el principal imputado del caso no tuvo que ver en la "mala gestión" de esta agencia de valores e incluso, junto a su padre, hubo de realizar préstamos a Gescartera por más 10 millones de euros. Además podría aludir también a la estrategia de negocio equivocada de Gescartera ya que, según expuso la defensa de Camacho, sólo los gastos de personal, a pesar de su corta plantilla, representaban al mes 100 millones de pesetas (600.000 euros), lo que suponía anualmente 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros).
La intención de buena parte de las acusaciones es buscar, a través de estas imputaciones, la responsabilidad civil del Estado, aspiración rechazada por varios autos de la Audiencia Nacional, ya que, hasta el momento, la juez de instrucción Teresa Palacios sólo ha visto responsabilidad civil subsidiaria en las entidades Caja Madrid Bolsa y La Caixa, dos de cuyos empleados figuran entre los catorce acusados por apropiación indebida y falsedad documental.
Además, este lunes el tribunal se pronunciará sobre las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, precisamente por la juez Palacios, quien inició hace más de seis años la investigación tras la intervención de la sociedad por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
También este lunes, comparecerá previsiblemente el principal acusado de Gescartera, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide más de once años de cárcel por articular presuntamente la trama que provocó un agujero patrimonial en la agencia de valores por más de 50 millones de euros.
Varias acusaciones han solicitado información sobre varios inmuebles adquiridos e hipotecas relacionadas con Camacho, descubiertas durante los últimos meses, que podrían pasar a engrosar la lista de activos que posibilitarán al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ejecutar la responsabilidad civil del caso Gescartera.
La defensa de Camacho, encabezada por el abogado Miguel Bajo, mantiene que el principal imputado del caso no tuvo que ver en la "mala gestión" de esta agencia de valores e incluso, junto a su padre, hubo de realizar préstamos a Gescartera por más 10 millones de euros. Además podría aludir también a la estrategia de negocio equivocada de Gescartera ya que, según expuso la defensa de Camacho, sólo los gastos de personal, a pesar de su corta plantilla, representaban al mes 100 millones de pesetas (600.000 euros), lo que suponía anualmente 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros).