LD (EFE) El portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, ha confirmado a la agencia EFE que este asunto está en la agenda de la reunión semanal de la Comisión que se celebrará este miércoles. Todd ha recordado que, a principios de este mes, Bruselas dio un ultimátum al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que suprimiera los citados requisitos y destacó que la respuesta del Gobierno español no ha sido la retirada de las medidas.
Según la Comisión, al imponer determinadas condiciones para autorizar la OPA del grupo alemán sobre Endesa, España vulneró el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en operaciones de dimensión comunitaria como la de E.On sobre Endesa. Bruselas dictaminó, primero en septiembre y después en diciembre, que varias de las condiciones impuestas a la OPA de E.On -por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente por el Ministerio de Industria- son incompatibles con la legislación comunitaria.
Las exigencias que más preocupan a la Comisión son: obligar a E.On a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
Las autoridades españolas insisten en que las condiciones a la OPA se ajustan a la normativa europea y que su objetivo es garantizar el suministro energético. Madrid considera que la disputa con Bruselas es de tipo jurídico, por lo que tendrá que resolverse ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión ya ha denunciado a España ante la corte europea por la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador español pronunciarse sobre la OPA de E.On, al considerar que vulnera los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.
Según la Comisión, al imponer determinadas condiciones para autorizar la OPA del grupo alemán sobre Endesa, España vulneró el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en operaciones de dimensión comunitaria como la de E.On sobre Endesa. Bruselas dictaminó, primero en septiembre y después en diciembre, que varias de las condiciones impuestas a la OPA de E.On -por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente por el Ministerio de Industria- son incompatibles con la legislación comunitaria.
Las exigencias que más preocupan a la Comisión son: obligar a E.On a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
Las autoridades españolas insisten en que las condiciones a la OPA se ajustan a la normativa europea y que su objetivo es garantizar el suministro energético. Madrid considera que la disputa con Bruselas es de tipo jurídico, por lo que tendrá que resolverse ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión ya ha denunciado a España ante la corte europea por la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador español pronunciarse sobre la OPA de E.On, al considerar que vulnera los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.
Bruselas dictaminó, primero en septiembre y después en diciembre, que varias de las condiciones impuestas a la OPA de E.On (primero por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente por el Ministerio de Industria) son incompatibles con la legislación comunitaria, argumento que rechaza el Gobierno español.
Industria insiste en su postura
Industria insiste en su postura
El Ministerio de Industria ha insistido este martes en que las condiciones impuestas al grupo energético alemán E.On para adquirir Endesa se ajustan a la normativa europea y restó trascendencia al hecho de que el conflicto con Bruselas se resuelva en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
Según fuentes de Industria consultadas por la agencia EFE, la postura sobre este asunto del Gobierno español, que entiende que la competencia sobre la garantía del suministro energético es de los estados y no de la Comisión Europea (CE), se mantiene. El titular de Industria, Joan Clos, ha señalado que la postura española se apoya en "razones demostrables" y se ha mostrado conforme con que sean los tribunales quienes establezcan una solución.
Pedro Solbes
Pedro Solbes se ha referido a la decisión que mañana adoptará la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las medidas "ilegales" impuestas a la OPA de E.On sobre Endesa y destacó que "es un tema que alarga pero que no entorpece". Las decisiones de la corte europea sobre casos de este tipo suelen demorarse en torno a dos años.
En opinión de Solbes, las diferencias entre Madrid y Bruselas constituyen "más un debate conceptual que algo que entorpezca la OPA", pues se centran en definir el margen de que disponen las autoridades españolas para asegurar el suministro energético.