Para esta institución, las propuestas, algunas de ellas polémicas como alargar la vida laboral hasta los 67 años o extender el período de cálculo, muestran “la convicción íntima que tiene el Gobierno” de que el actual sistema de pensiones es “insostenible” en el largo plazo.

Sin embargo, las recetas presentadas no resuelven el problema, que sólo podría afrontarse, en su opinión, con el paso a un sistema de capitalización, en el que cada pensionista tenga su bolsa en la que meta lo que pueda aportar a lo largo de toda su vida laboral.

Para la ARP, “la edad de jubilación no debería ser estándar”, sino que debería decidirla cada ciudadano, en función de su profesión y de las posibilidades derivadas del monto acumulado y capitalizado. Además, la extensión del período es calificado como un “parche” en el actual sistema que está “abocado a la bancarrota”.

Mientras que en un sistema de capitalización se empieza a aportar desde el primer día de trabajo, en uno de reparto, el cotizante siempre está al albur de decisiones políticas que (como en el caso de la planteada, de extender de 15 a 25 años el período de cálculo) pueden suponer una merma muy importante en su pensión.

Por eso, la ARP pide “una transición sensata hacia el sistema de capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador, con un fondo de solidaridad intrageneracional (y no intergeneracional) que cotice por quienes no puedan”. En opinión de esta asociación, todos los partidos, sindicatos y organizaciones pertenecientes al Pacto de Toledo “son culpables” de mantener vivo el actual sistema.