LD (EFE) El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, anunció el viernes un recurso contra la ayuda a las pensiones aprobada ese mismo día por la Junta de Andalucía. Sin embargo, Manuel Chaves afirma no estar preocupado ya que –según afirma– una sentencia del Tribunal Constitucional "viene a decir que las comunidades autónomas tenemos competencias para establecer ayudas a las pensiones no contributivas".
El Gobierno ya recurrió en 1999 decisiones similares adoptadas en Andalucía y Cataluña, pero en diciembre de 2002, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia por considerar que las pensiones no contributivas están en "el ámbito competencial autonómico". Según Zaplana, esa sentencia del TC es lo que ha llevado al Gobierno a aprobar la nueva Ley de medidas específicas de la Seguridad Social, ya que, desde su punto de vista, el fallo "instaba al Gobierno a regular bien esa cuestión y eso es lo que se ha hecho".
El Gobierno ya recurrió en 1999 decisiones similares adoptadas en Andalucía y Cataluña, pero en diciembre de 2002, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia por considerar que las pensiones no contributivas están en "el ámbito competencial autonómico". Según Zaplana, esa sentencia del TC es lo que ha llevado al Gobierno a aprobar la nueva Ley de medidas específicas de la Seguridad Social, ya que, desde su punto de vista, el fallo "instaba al Gobierno a regular bien esa cuestión y eso es lo que se ha hecho".
Sin embargo, Chaves -quien afirma, irónicamente, no entender el revuelo que ha armado un simple "aguinaldo"- insiste en que la Junta tiene "el aval del Tribunal Constitucional", y afirma que, en su opinión, "la ley del Gobierno es la que va en contra de la sentencia del Constitucional". Por eso, el presidente de la Junta considera que no son las comunidades autónomas las que "desafían" al Alto Tribunal, sino el Gobierno de Madrid.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, ha afirmado que la subida de las pensiones efectuada por la Junta de Andalucía tiene un tono "electorero" que no comprende ya que esta comunidad tiene una deuda con la Seguridad Social de 150 millones de euros.