El Consejo de Ministros ha encargado a Trabajo que elabore un informe en el que haga un balance detallado del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), en vigor desde agosto de 2009 y por el que se articuló esta ayuda, y también un análisis del resto de prestaciones.
Con los resultados de este estudio, según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega,"se articularán nuevos mecanismos" para hacer más eficaz la inserción laboral. De este modo, el Gobierno confirma que estudia la posibilidad de dejar sin prestación a aquellos parados que rechacen acudir desde el primer día a los cursillos de formación que imparte el Servicio Público de Empleo (antiguo Inem).
Hasta el momento, en teoría, los desempleados debían acudir a cursos de formación laborales o a itinerarios de inserción laboral también desde el primer día, pero tenían la opción de rechazarlos durante los cien primeros días. Sin embargo, el PSOE ha introducido una enmienda en la reforma laboral durante su tramitación en el Senado para obligar a los parados a aceptar cualquier tipo de curso desde el primer día bajo la amenaza de sanción, que puede ir desde la pérdida de un mes de prestación hasta su pérdida definitiva.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, confirmó este viernes, que su departamento está estudiando esta posibilidad.
Por otro lado, el Gobierno ha prorrogado durante otros seis meses la prestación de 426 euros para desempleados que se han quedado sin cobertura. En los últimos once meses 615.771parados han recibido esta prestación, aunque sólo el 30,7% de los beneficiados (189.000) han encontrado trabajo. Los beneficiarios están obligados a acudir a los cursillos del Inem (cuya competencia está transferida a las CCAA) desde el primer día.
Según Corbacho, la prórroga de esta ayuda (una especie de PER a nivel nacional) costará 420 millones de euros adicionales. El programa daba cobertura a 300.000 personas el pasado mes de julio.