Fitch apunta que la calificación 'AAA' se basa en las mejores condiciones del crédito que vienen proporcionadas por un mecanismo con "exceso de garantías", que mitiga parcialmente el riesgo de impago, y por el nivel de las reservas de efectivo, que será suficiente para realizar los pagos necesarios en caso de incumplimiento de algún prestatario.
Además, la agencia señala que se trata que un programa capaz de hacer frente a la potencial quiebra de una los prestatarios o al caso "improbable" de que alguno de los países que no tiene calificación 'AAA' no pueda mantener su respaldo al programa.
En esta línea, el vicepresidente y analista senior del grupo de deuda soberana de Moody's, Dietmar Hornung, destaca que cada emisión de deuda está respaldada por la promesa de pagar el préstamo por parte del prestatario, así como por las garantías y el efectivo suficiente que permitirían cubrir los gastos en caso de que el préstamo no se abonara.
Sin embargo, ambas agencias advierten de que también existen riesgos que podrían afectar negativamente a la solvencia del programa, como un potencial deterioro de la solvencia de los Estados participantes de la eurozona o un cambio en los ratings de los países con triple A que contribuyen al fondo, como Alemania, Francia y Holanda. Además, avisa de que un menor compromiso de los estados miembros de la zona euro podría tener consecuencias en los ratings.
Los ministros de Economía de la zona euro aprobaron el pasado junio el fondo de rescate dotado con hasta 750.000 millones de euros para los próximos tres años que se creó el 9 de mayo. En concreto, el Eurogrupo aprobó el instrumento de 440.000 millones de euros en forma de garantías de los países de la eurozona, con las que se recaudarán fondos en los mercados para prestárselos a los países con dificultades para refinanciar su deuda, imponiendo condiciones "estrictas".
Además de estas garantías bilaterales, el fondo de rescate incluye un tramo de 60.000 millones de euros del presupuesto de la UE, que será el primero que se use en caso de necesidad, y una contribución de 250.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La denominada Facilidad Europea de Estabilidad Financiera se regirá por la legislación luxemburguesa y sus accionistas serán todos los países de la eurozona. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) actuará como prestador de servicios y apoyo administrativo. Cualquier país que quiera utilizar este fondo deberá someterse a un programa de ajuste fiscal similar al que se ha impuesto a Grecia.