Tanto la vicepresidenta económica, Elena Salgado, como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insisten en asegurar que el Estado está desembolsando más de lo que ingresa para mantener el llamado "gasto social", pero se trata de una falacia usada para justificar la mayor subida de impuestos de la democracia y, recientemente, el alza del IVA.
Los responsables gubernamentales no saben que los impuestos no tienen carácter finalista, es decir, que no son como las tasas, que se cobran a cambio de la prestación de un servicio determinado. Los impuestos se recaudan y todo el dinero va a parar a la caja pública para ser repartido, posteriormente, en función de los Presupuestos Generales del Estado que elabora el Ejecutivo cada año. Los anunciados para 2010 son papel mojado, tras la presentación del plan de ajuste requerido por Bruselas ante la "irrealidad" de los mismos.
Una vez realizada esta salvedad, los datos oficiales demuestran que la recaudación del Estado no está siendo utilizada, principalmente, para el pago de las prestaciones sociales (entre las que destacan las ayudas por desempleo y las pensiones). La mayor parte de los fondos va a parar a las arcas de comunidades autónomas y ayuntamientos, así como al pago de los sueldos de los funcionarios y al desembolso del dinero (intereses) a los inversores que han comprado deuda pública española.
Es curioso que aquellos a los que el presidente del Gobierno califica de "especuladores" y "conspiradores" sean, precisamente, a los que se acude cuando hay que sacar dinero de debajo de las piedras. Y es que, según la tesis socialista, si una persona o institución compra deuda nacional es un inversor, pero si la vende es un "especulador" que quiere hundir España.
En concreto, los gastos financieros, es decir, los dedicados al pago de los intereses de la deuda, alcanzaron 7.352 millones de euros al cierre de febrero en términos acumulados, lo que supone un aumento del 40,1% interanual.
Detrás de esta subida se encuentra la decisión del Gobierno de aumentar las emisiones de bonos y letras a la desesperada para cubrir la diferencia entre los ingresos y gastos, que en lo que va de año se sitúa ya en los 7.759 millones de euros en términos de caja (que computa los ingresos y pagos cuando se efectúan y no cuando se comprometen, como hace la contabilidad nacional). Este agujero se ha multiplicado por 110 veces respecto a las cifras del mismo periodo de 2009.
La otra gran partida de gasto corresponde a los "sueldos y salarios" del personal que trabaja para el sector público que, lejos de reducirse, crece a un ritmo del 4,6%, para situarse en 3.925 millones de euros hasta febrero.
Este aumento pone en tela de juicio la promesa del Gobierno de aplicar la "austeridad" en el gasto público, ya que esta rúbrica es la más fácil de reducir, especialmente, en lo referente a los coches oficiales, dietas de los altos cargos, sueldos de los miles de asesores oficiales y otros desembolsos que no benefician a los ciudadanos, sino a unos pocos privilegiados.
En definitiva, y aunque la nueva estrategia del Ejecutivo socialista sea dejar todo el programa de austeridad en manos de las comunidades autónomas (que siguen siendo las que más dinero despilfarran), los datos revelan que el Estado sigue gastando más de lo que ingresa (un 30%), necesitando financiación todos los meses. Esta brecha se cubrirá primero con nuevas emisiones de deuda y, después, con más impuestos, ya que el Gobierno se niega a reducir el gasto de forma decidida, al menos, por el momento.
La recaudación por IVA se hunde un 8,9%
En medio del debate que ha generado la subida del IVA que el Gobierno realizará en el segundo semestre del año, las cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda muestran que los Presupuestos para este año contemplan previsiones exageradas de ingresos, según Bruselas.
Así, la recaudación por IVA cayó un 8,9% en el acumulado enero-febrero, para situarse en 12.838 millones de euros; mientras que Elena Salgado espera que los ingresos por este impuesto crezcan un 26,1% en el conjunto del año. Este tipo de estimaciones infladas son las que hacen a Bruselas desconfiar de la capacidad de la economía española (de sus gobernantes) para reducir el déficit público en los próximos ejercicios.