(Libertad Digital) El proyecto de Ley modificará la Ley de Creación de Determinadas Entidades de Derecho Público de 1996, cuyo propósito era desvincular de los Presupuestos Generales del Estado la reestructuración de empresas públicas, los procesos de privatización y la amortización de la deuda histórica del INI. Este principio de autonomía financiera se completó en 1997 con un Real Decreto Ley que impuso a la SEPI la obligación de mantener unos fondos mínimos de 1.200 millones, y que también será modificado.
El texto introduce dos novedades importantes: por un lado, la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SPI) pueda ser financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ante la necesidad de disponer de fondos que por su cuantía no puede obtener por si mismo el grupo estatal; y, por otro, en coherencia con lo anterior, se suprime la actual prohibición legal de que SEPI pueda recibir aportaciones o garantías de las Administraciones Públicas.
El texto introduce dos novedades importantes: por un lado, la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SPI) pueda ser financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ante la necesidad de disponer de fondos que por su cuantía no puede obtener por si mismo el grupo estatal; y, por otro, en coherencia con lo anterior, se suprime la actual prohibición legal de que SEPI pueda recibir aportaciones o garantías de las Administraciones Públicas.
A pesar de lo que pueda parecer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el proyecto respeta la legislación comunitaria y que su objetivo es mejorar los instrumentos de financiación de la SEPI y de sus empresas. Según la agencia Efe, De la Vega afirmó que se ha definido “un modelo más dinámico para captar fondos, que permite acudir a los Presupuestos cuando el interés del conjunto de los ciudadanos así lo exija".
Para hacer frente a la reconversión de los astilleros y la minería
Hasta ahora, el Estado no podía asumir directamente la amortización de la deuda histórica del INI (Instituto Nacional de Industria), la financiación de ajustes previos a los procesos de privatización o las aportaciones a empresas deficitarias. Según Fernández de la Vega, cuando se apruebe este proyecto será posible financiar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado algunas operaciones de empresas de la SEPI que no es posible abordar con los instrumentos de financiación actuales. De esta forma, se contará con el apoyo directo de la Administración para determinados proyectos de reconversión, reestructuración o modernización cuyos costes son inasumibles por las compañías del grupo público.
Por ello, se eliminará la prohibición explícita de que la SEPI y sus empresas puedan recibir aportaciones o garantías de las Administraciones Públicas. Además, la nueva norma permitirá al grupo público obtener fondos privados mediante instrumentos de financiación similares a los que utilizan las empresas cotizadas, como la emisión de acciones rescatables. Así, las deudas contraídas por la SEPI mediante la emisión de valores de renta fija podrán gozar, frente a terceros, de la garantía del Estado. Además, el proyecto de Ley suprime la exigencia impuesta a la SEPI de conservar unos fondos propios de 1.200 millones de euros, lo que, según Fernández de la Vega, "permitirá una gestión de sus recursos más ágil y más eficaz".
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, una vez transcurridos ocho años, la SEPI "ha entrado en una nueva etapa empresarial en la que el principio de autonomía presupuestaria no puede ser mantenido", ya que se diseñó "fundamentalmente para la privatización generalizada del sector público empresarial". La SEPI se creó en junio de 1995 para agrupar a las empresas estatales más rentables. Desde 1996, el grupo público ha privatizado 58 compañías y participaciones en empresas, entre ellas Telefónica, Repsol, Endesa o Iberia.