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Noticia publicada el 08-04-2008
(Libertad Digital) El Gobierno ya ha puesto en marcha su particular plan de rescate inmobiliario, pero éste se intensificará a lo largo de 2008 a fin de salvar a las compañías del sector. El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, ampliará, durante el presente ejercicio, el volumen de crédito que pone a disposición del sector empresarial, en la cantidad "que sea necesario", ante las “dificultades” que padecen para acceder al financiación crediticia.
Precisamente, los promotores y las inmobiliarias son las empresas que más están sufriendo la restricción de créditos, no sólo por la crisis de liquidez que experimenta desde el pasado verano el mercado financiero internacional, sino por el brusco frenazo que han registrados sus ventas a lo largo de los últimos meses.
Tal y como reconoce Martínez, 2008 es "un poco complicado" porque el riesgo inmobiliario ha hecho que las entidades financieras tengan problemas para acceder a crédito. En ese sentido, reitera que desde el ICO se "aportarán recursos para evitar que se produzca una tensión" en la actividad de las empresas y conseguir que el ciclo actual de desaceleración económica "acabe lo antes posible", con motivo de la percepción de "concentración de riesgo inmobiliario" que ha calado en el exterior.
El presidente del ICO insistió en que el objetivo último debe ser sostener la economía, el consumo, la generación de empleo y la inversión empresarial, y apostó para ello por favorecer la inversión a los emprendedores y por primar la actividad de los sectores industrial y de servicios, informa Europa Press.
Zapatero anuncia un plan de choque inmediato
En esta misma línea, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció durante su debate de investidura un plan de medidas específicas para reactivar el sector inmobiliario, principal motor de la economía nacional durante la última década, tras reconocer que sufre un ajuste “brusco”.
En esta misma línea, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció durante su debate de investidura un plan de medidas específicas para reactivar el sector inmobiliario, principal motor de la economía nacional durante la última década, tras reconocer que sufre un ajuste “brusco”.
De este modo, el Gobierno “ampliará el aval público para los bonos de titulización que tengan créditos para la adquisición de viviendas de protección oficial" (VPO), a través de la entidad que preside Martínez. Hasta el momento, el ICO ha apuesto en marcha una primera línea de créditos blandos en esta materia por valor de 3.000 millones de euros.
Zapatero también ha prometido acelerar la licitación de obra pública (el Gobierno ha adelantado ya casi 12.000 millones de euros) y aplicar el ya anunciado plan de recolocación de parados de la construcción, al tiempo que reforzará la cobertura de desempleo para los trabajadores en situación de mayor necesidad.
También promocionará la rehabilitación de edificios y el aumento de su eficiencia técnica, se reducirá la carga fiscal de la rehabilitación de viviendas.
En concreto, el citado plan de choque recoge los siguientes puntos:
- Se reducirá la carga fiscal de la rehabilitación de vivienda.
- Se acelerará la licitación de obra pública.
- Se promocionará la rehabilitación de edificios y el aumento de su eficiencia energética.
- Se ampliará el aval público para los bonos de titulización que tengan como subyacente créditos para la adquisición de VPO.
- Se pondrá en marcha un plan especial de recolocación de parados del sector de la construcción y un refuerzo de la cobertura de desempleo para los trabajadores en situación de mayor necesidad.
- Se facilitará la ampliación del plazo de la hipoteca, sin coste adicional, para las familias en situación de especial dificultad.
El propio Zapatero ha reconocido que, si bien, el ICO no puede prestar de forma directa préstamos ventajosos a las empresas en dificultades económicas, el Gobierno sí puede aplicar medidas indirectas de financiación para reactivar el sector inmobiliario. Y es que, las ayudas directas podrían ser declaradas infractoras de la normativa comunitaria por la UE.
