LD (EFE) El recinto de la Casa de Campo acogerá la vista oral, debido a que hay catorce personas imputadas por estafa y las 46 acusaciones personadas en la causa, además de la Fiscalía Anticorrupción, responsables civiles y subsidiarios, partícipes a título lucrativos y perjudicados, hasta un total de 100 partes personadas.
Anticorrupción pidió para el que fuera propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, once años de prisión por los delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad, más una multa de 263.238 millones de euros.
Precisamente este jueves se cumplieron seis años desde que estallase este caso, cuando la CNMV intervino esta agencia de valores, ante las sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. Tras más de 50.000 folios de investigación en el sumario, la Fiscalía Anticorrupción determinaron que existía un déficit patrimonial en la agencia de valores de unos 50 millones de euros y unos 4.000 clientes afectados.
Por el momento, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso), la mitad del "agujero" que la Fiscalía Anticorrupción detectó en Gescartera.
El juicio oral será el siguiente paso en el procedimiento penal, tras apertura de juicio oral decretada por la juez Teresa Palacios hace dos años y la salida de prisión hace tres años de Antonio Camacho, el propietario de la agencia de valores Gescartera y principal inculpado en el caso.
Los afectados se quejan de que varios antiguos administradores y empleados de Gescartera todavía disponen de muchas propiedades a través de sociedades interpuestas, por lo que la recuperación de su dinero todavía se hace menos viable. Durante los últimos meses, varias fuentes jurídicas criticaron el "parón" que ha existido en el procedimiento penal, lo que ha perjudicado tanto a las defensas -ya que Camacho cumplió tres años de prisión preventiva- como a las acusaciones particulares de los afectados, que quieren recuperar el máximo de dinero invertido cuanto antes.
A partir del 17 de septiembre, el tribunal compuesto por los jueces Carmen González Pastor, Juan Francisco Martel y Ricardo Rodríguez, se encargará de enjuiciar la actividad de la agencia de valores y sus responsables.
Anticorrupción pidió para el que fuera propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, once años de prisión por los delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad, más una multa de 263.238 millones de euros.
Precisamente este jueves se cumplieron seis años desde que estallase este caso, cuando la CNMV intervino esta agencia de valores, ante las sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. Tras más de 50.000 folios de investigación en el sumario, la Fiscalía Anticorrupción determinaron que existía un déficit patrimonial en la agencia de valores de unos 50 millones de euros y unos 4.000 clientes afectados.
Por el momento, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso), la mitad del "agujero" que la Fiscalía Anticorrupción detectó en Gescartera.
El juicio oral será el siguiente paso en el procedimiento penal, tras apertura de juicio oral decretada por la juez Teresa Palacios hace dos años y la salida de prisión hace tres años de Antonio Camacho, el propietario de la agencia de valores Gescartera y principal inculpado en el caso.
Los afectados se quejan de que varios antiguos administradores y empleados de Gescartera todavía disponen de muchas propiedades a través de sociedades interpuestas, por lo que la recuperación de su dinero todavía se hace menos viable. Durante los últimos meses, varias fuentes jurídicas criticaron el "parón" que ha existido en el procedimiento penal, lo que ha perjudicado tanto a las defensas -ya que Camacho cumplió tres años de prisión preventiva- como a las acusaciones particulares de los afectados, que quieren recuperar el máximo de dinero invertido cuanto antes.
A partir del 17 de septiembre, el tribunal compuesto por los jueces Carmen González Pastor, Juan Francisco Martel y Ricardo Rodríguez, se encargará de enjuiciar la actividad de la agencia de valores y sus responsables.