El nuevo modelo de financiación autonómica aportará más de 11.000 millones de euros adicionales, 2.000 millones más con respecto a su última propuesta, de 9.000 millones.
Cataluña recibirá 3.855 millones de euros extra de forma progresiva hasta 2012, y su nivel de recursos per cápita quedará cinco puntos por encima de la media. De este modo, el Gobierno da cumplimiento a las exigencias de financiación planteadas por ERC.
Cataluña recibirá el 35% del nuevo pastel territorial. Es decir, 1 de cada 3 euros nuevos a repartir serán gestionados por la Generalidad. Andalucía es la otra gran beneficiada en el nuevo reparto. Así, se llevará 1.795 millones del fondo adicional. De este modo, ambas autonomías concentran casi el 50,8% de los nuevos fondos.
El nuevo modelo ha intentado contentar las reivindicaciones planteadas por las distintas CCAA en el reparto de fondos, ya que los criterios de ponderación para distribuir el dinero son el aumento de la población, pero también la densidad demográfica o la insularidad.
Para ello, el Gobierno dotará a las autonomías de mayor corresponsabilidad fiscal. Así, la propuesta prevé ampliar el porcentaje cedido del IRPF del 30 al 50%; del IVA del 35 al 50%; y de los impuestos especiales del 40 al 58%.
Cuatro fondos de reparto
En base al principio de solidaridad interterritorial, el Ejecutivo establece cuatro fondos de reparto autonómico: el Fondo de Garantía, para costear la sanidad, la educación y los servicios básicos, en base a la población ajustada de cada región; el Fondo de Suficiencia, para asegurar la financiación de las competencias transferidas, no sólo las esenciales; un Fondo de Cooperación, para incrementar los recursos de las regiones con menor riqueza relativa y una dinámica poblacional "especialmente negativa" (Asturias, las dos Castillas y Extremadura); por último, el modelo diseña un Fondo de Competitividad, para reforzar la convergencia autonómica en financiación per cápita.
La clave radica en que el Gobierno decidirá cómo distribuir cada año el Fondo de Cooperación y de Competitividad. Éste último está destinado a las CCAA que más aportan al sistema (Fondo de Garantía) y menos reciben del de Suficiencia (las más ricas), mientras que el de Cooperación se distribuye entre las más pobres en renta.
Sin embargo, hay un elemento a destacar. El Fondo de Competitividad, que se nutre de recursos adicionales del Estado, se repartirá anualmente entre las autonomías con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de su población ajustada relativa. Eso sí, "desincentivando en lo posible la competencia fiscal a la baja", según recoge la propuesta. Es decir, castigará a las autonomías que recorten impuestos.
De este modo, la ministra de Economía, Elena Salgado, se pliega a una de las exigencias más reiteradas por el consejero de Economía de la Generalidad catalana, Antoni Castells. En 2007, Castells tildó de "efecto indeseado" la competencia autonómica en materia fiscal, en clara referencia a la supresión y rebaja de impuestos puesta en marcha por la Comunidad de Madrid.
Castells viene reclamando desde entonces que el Gobierno se instituya en "árbitro" tributario para lograr un "equilibrio entre el autonomismo" y la "coordinación" del Estado. Gracias al nuevo modelo, el Gobierno central podrá ahora limar a su gusto los efectos de la "dañina" competencia fiscal que genera la política económica de algunas regiones como Madrid.
Más dinero para política lingüística
Por otro lado, el nuevo modelo aumenta la financiación destinada a la política lingüística. Así, según el texto, "se refuerza la financiación de estas políticas con un importe equivalente a multiplicar por 2,5 la financiación que proporcionaría el actual sistema en el año 2009, por estas políticas, en aquellas comunidades con competencias en la materia".
Es decir, multiplica por más del doble los recursos destinados a política lingüística. De este modo, Salgado responde a otra de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas catalanes y gallegos
Otras novedades son la derogación del céntimo sanitario implantado por algunas CCAA. Pero a cambio, al mismo tiempo, permite a las CCAA crear un "suplemento" en el Impuesto de Hidrocarburos
Por otro lado, además de ampliar la cesión de tributos, aumenta la capacidad normativa de las autonomías en el IRPF en cuanto al mínimo personal y familiar a aplicar. Así, con el nuevo modelo, las autonomías podrán añadir un suplemento del 10%, superior o inferior respecto a la cifra que marque el Estado. Prácticamente el 25% de los impuestos nacionales recaudados serán gestionados por las CCAA.