Así consta en el borrador del documento de trabajo que ha elaborado dicha comisión, en el que se señala que el vigente sistema de revalorización ha dado lugar en anteriores ejercicios a desviaciones entre el IPC previsto y el real, con la "consiguiente desvirtuación" de su finalidad de mantener el poder adquisitivo.
En este sentido, considera que, a partir de ahora, deberá proponerse un tratamiento específico para cada desviación del IPC real que haya ocasionado subidas en las pensiones. Esto supone abrir la posibilidad de que se consolide totalmente la subida o que no ocurra así o se haga parcialmente.
En cualquier caso, el documento propone que el Gobierno informe a la comisión del Pacto de Toledo de la decisión que se vaya a adoptar, así como de las proyecciones macroeconómicas y datos financieros que fundamenten dicha decisión. En este punto (número 2 de los 19 que incluye el documento) se subraya la disconformidad del Pacto de Toledo con la medida del Gobierno de congelar las pensiones para 2011.
Por otro lado, las nuevas recomendaciones de la Comisión, que el Congreso votará el próximo miércoles, incluyen la posibilidad de un "incentivo fiscal" con el objeto de que los cónyuges "no presentes en el mercado de trabajo" (amas de casa) puedan generar pensiones, así como mejorar los mecanismos para que el cuidado de los hijos se tenga en cuenta en el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una prestación.
"Incentivos fiscales"
El documento aprobado anoche por la Comisión defiende que han de adoptarse iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones económicas con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones "asimiladas al alta" a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos de pensión propios. En este sentido, el documento pide que se estudie la posibilidad de constituir este incentivo fiscal "cuando el matrimonio tenga régimen de bienes gananciales".
La Comisión defiende que el sistema debe valorar la dimensión de género en materia de pensiones, fruto de la existencia no sólo de desigual retribución, sino de la existencia de mayores periodos de interrupción por cuidados de hijos o familiares dependientes y las mayores limitaciones en la conciliación, por lo que el sistema debe evolucionar "adoptando medidas que reconozcan el esfuerzo asociado a esa circunstancia".
Por ello, como ya hizo en 2003, pide mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización, si bien no incluye la idea propuesta por CiU y otras formaciones para que el número de hijos cuente para el periodo de cálculo.
Por otro lado, propone que en los casos de "ruptura familiar" en los que "mediante decisión judicial" se constate la aportación de la mujer al mantenimiento de negocios familiares, se posibilite el reconocimiento en su carrera de cotización de periodos de tiempo que permitan generar derechos propios "y no únicamente derivados".
Esto tendría una clara incidencia en el ámbito del trabajo autónomo, en el medio rural y en los sectores del comercio y de la hostelería; además, evitaría la desprotección sobrevenida que afecta a las mujeres en esas áreas cuando se produce una separación o divorcio a edades tardías.
En esta línea, la Comisión defiende estudiar la implantación de modalidades específicas de contratación para aquellas personas que, colaborando en negocios familiares, no generen derechos de pensión adecuados.
Una de las posibilidades consistiría en la utilización de cotizaciones sobre jornadas parciales que permitan la cotización de ambos cónyuges cuando ambos realicen actividades para el mantenimiento del negocio. Igualmente, cabría la posibilidad de instrumentar mecanismos de previsión complementaria para dar cobertura a estas situaciones.